¿Cuántos ciudadanos españoles tienen hoy un conocimiento claro de cuáles son las reglas contra la Covid aplicables a su caso particular, en su municipio y en su comunidad?

¿Cuántos serían capaces de deducir la lógica subyacente a ese caudaloso torrente de medidas que las comunidades autónomas producen casi siempre a remolque de los acontecimientos?

Un solo ejemplo. Como explica hoy EL ESPAÑOL, nueve comunidades cumplen ya los tres criterios mínimos (incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, positividad de PCR del 10% y una ocupación de las UCI del 35%) que en septiembre le sirvieron al Gobierno para pedir el cierre total de Madrid.

¿Por qué entonces se pedía el confinamiento de la capital y hoy ni siquiera se plantea la posibilidad, cuando las cifras de la tercera ola son (y las estadísticas de contagios y muertes son muy claras al respecto) mucho peores que durante la segunda? 

Otro ejemplo. ¿Por qué hay que esperar hasta el 8 de febrero para saber si las elecciones catalanas programadas para el 14 de febrero se aplazan o no? ¿Qué sentido tiene iniciar la campaña electoral para que los comicios sean anulados a los pocos días? ¿Y por qué la única alternativa a la fecha de 14 de febrero es el 30 de mayo? 

Falta un criterio unificador

Un último ejemplo. ¿Por qué los madrileños pueden reunirse de cuatro en cuatro para comer en restaurantes abarrotados, pero no pueden hacerlo en sus domicilios particulares? 

El problema ya ni siquiera es el tsunami de medidas generado por las administraciones españolas, sino la falta de una lógica común. El resultado es el caos que vivimos hoy y que parece demostrar que no hemos aprendido todavía cómo luchar contra el virus.

Algo que resultaba difícil de justificar durante la primera ola, pero que es imperdonable durante la tercera y que ha acabado afectando incluso a los protocolos de vacunación. 

Demagogia populista

Por si le faltaba un solo perejil a la indigesta salsa de los protocolos de vacunación elaborados en diciembre por el Gobierno, los ciudadanos españoles deben añadir ahora a la olla la polémica a cuenta del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

No resulta complicado comprender por qué el caso del JEMAD no es el mismo que el del alcalde de un pueblo de unos pocos miles de habitantes que se vacuna junto a su mujer. El JEMAD, como el rey, el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros son la cúpula del Estado y están al frente de la Nación en un momento crítico. 

Sin entrar en el debate sobre la interpretación correcta de esa instrucción del Ministerio de Defensa que instaba a vacunarse a los miembros de "la cadena de mando", lo que parece obvio es que el Gobierno no ha sido capaz de diseñar un protocolo claro, razonable y con criterios tanto sanitarios como de Estado. 

España descabezada

Como bien ha dicho el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, "España no puede quedar descabezada en un momento crucial".

Almeida también ha recordado una obviedad: la cantidad de vacunas que se emplearía en la vacunación de los altos cargos del Estado es ridícula.

Y eso no es un privilegio decimonónico. Es puro sentido común. 

Es de suponer que la ministra de Defensa habrá tomado la decisión de forzar la dimisión del JEMAD (o de aceptarla) con todos los elementos de juicio sobre la mesa. Pero un simple vistazo a la confusa instrucción de Defensa deja abierta la puerta a que la decisión de Villarroya fuera de buena fe. 

Una democracia madura

Los españoles no son ciudadanos de una democracia inmadura. Son ciudadanos capaces de comprender las complicaciones que añadiría a la gestión de la pandemia el contagio de altos cargos del Estado. 

Es obvio que la existencia de un protocolo de vacunación que incluyera a esos altos cargos daría munición a los populistas para volver a la carga con su retórica habitual sobre los de arriba y los de abajo, las elites y la gente. 

Pero eso es un problema con el que debe lidiar un Gobierno que tiene el enemigo en casa. Un enemigo que no ha okupado las instituciones, sino que ha entrado en ellas por la puerta que le ha abierto el PSOE.