La opa del fondo australiano IFM Global Infrastructure Fund sobre el 22,69% de la energética española Naturgy debe ser analizada con cuidado por el Gobierno para que no se repita un nuevo caso Endesa.
El atractivo de Naturgy para IFM es obvio. IFM busca inversiones a buen precio en sectores y compañías de futuro que ofrezcan una gran rentabilidad. Y ese es el caso de Naturgy, la tercera energética nacional por valor de marca por detrás de Endesa.
El accionista mayoritario de Naturgy es CriteriaCaixa, con el 24%, seguido de dos fondos: Rioja (CVC), con el 20,7%, y GIP, con el 20,6%. Esa influencia del grupo catalán, para quien Naturgy siempre ha sido una inversión clave, no se puede perder.
Su decisión será esencial en el futuro del grupo. Si sale o vende parte, el control del grupo quedará en manos extranjeras. CriteriaCaixa debe ejercer su responsabilidad como la ha venido ejerciendo hasta el momento en todos sus grupos. Y ahí la figura de Isidro Fainé como presidente será clave.
Un cascarón vacío
El caso Endesa es el ejemplo de lo que el Gobierno no puede permitirse. Endesa era la líder del sector energético español. En 1995, era la primera empresa española por beneficios (150.000 millones de pesetas) y capitalización bursátil (882.000 millones).
Hoy, el 70% de Endesa está en manos de Enel, una empresa estatal italiana. Es también una de las pocas empresas del IBEX que ha destinado el 100% de sus beneficios a pagar dividendos. El 70% de estos han recaído en manos italianas.
El Gobierno no se ha posicionado aún oficialmente sobre la opa de IFM, pero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado que "no será la primera vez que el Gobierno preserva la españolidad de las empresas estratégicas". "Es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico" ha añadido luego. Parece una señal clara de que el Gobierno se está planteando seriamente impedir la opa.
Valor estratégico clave
Naturgy es la compañía líder de la distribución de gas en España, opera en cinco continentes y es la principal suministradora de gas natural en la cuenca mediterránea y atlántica. Es, además, una empresa claramente orientada hacia la transición energética, uno de los sectores económicos clave del futuro.
Francisco Reynés ha sido una figura clave en la transformación de Naturgy desde su llegada hace tres años y medio. Ha convertido la compañía en un actor internacional clave, y su gestión se ha saldado con una revalorización de la acción de Naturgy superior al 16%.
España no puede, en fin, permitirse el lujo de dejar escapar otra compañía española clave. Y no sólo por motivos estrictamente económicos, importantes pero no los únicos relevantes, sino también por motivos sociales y de bienestar de los ciudadanos españoles.
Prueba de ello son los cortes de luz que han sufrido durante meses varias localidades catalanas a causa de la falta de inversión en la red de distribución eléctrica. Red de transporte de energía de media y baja tensión de la que es responsable Endesa. Lo mismo ha ocurrido en el barrio de la Barceloneta de Barcelona.
Plazo límite
Idealmente, las empresas europeas estratégicas deberían permanecer en manos europeas. Si el Gobierno francés vetó la oferta de compra lanzada por la canadiense Couche-Tard sobre Carrefour, ¿por qué no debería poder vetar España las opas sobre Naturgy o cualquier otra de sus empresas clave?
Hay un último factor a tener en cuenta. El Gobierno tiene ahora la decisión final acerca de las opas de compañías extranjeras (incluso si estas pertenecen a un país de la UE) sobre empresas españolas cuando esa oferta les permita controlar más de un 10% del capital social.
Pero ese veto tiene fecha de caducidad: el 30 de junio de 2021. Más allá de esa fecha, nada impedirá que cualquier empresa extranjera se haga con el control de una empresa española sin mayor problema.
El Gobierno debe, por tanto, plantearse la posibilidad de ampliar el plazo de ese veto o convertirlo en estructural. Las empresas españolas no pueden convertirse en un producto de saldo para compañías y fondos extranjeros.