Dos no se bloquean si uno no quiere. Y el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial no se debe a la supuesta intransigencia del PP, sino a la cerrazón de Podemos, que pretende introducir en el órgano de gobierno de los jueces a Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Dos candidatos cuyo nivel de identificación con el partido morado los hace incompatibles con una mínima apariencia de imparcialidad.

El actual sistema de elección de los miembros del CGPJ no es el que exige la Constitución y lleva años demandando la UE. Pero mientras PP y PSOE no se pongan de acuerdo para volver al sistema antiguo, el de la ley de 1980 que determinaba que 12 de los 20 vocales fueran escogidos por los propios jueces, lo mínimo que cabe pedirle a Podemos es que no pervierta el actual hasta convertirlo en un zoco.

La virtud del sistema actual, si alguna tiene, es que evita que una de las partes imponga unilateralmente vocales inaceptables para la otra parte. Ahí radica toda la fuerza del procedimiento actual y ahí reside, en la práctica, su condición de mal menor. 

Porque, como sostiene la teoría de la destrucción mutua asegurada de John von Neumann, que dice que el uso de armamento nuclear contra una potencia también nuclear resultaría en la aniquilación de ambos contendientes, el actual sistema de elección del gobierno de los jueces garantiza que a un candidato intolerable se responderá con otro candidato intolerable.

Y de ahí que ningún partido tenga interés en proponer a ese tipo de candidatos intolerables. 

Rechazo político y jurídico

Ninguno de los jueces propuestos por el PP alcanza, ni por asomo, los niveles de sectarismo de la muy polémica Victoria Rosell, que atribuye las reticencias del PP (en un alarde de originalidad) al socorrido machismo, y de José Ricardo de Prada, el magistrado cuyos excesos dieron pie a la moción de censura con una frase en la sentencia Gürtel posteriormente desacreditada, en términos muy contundentes, por el Tribunal Supremo. 

De Prada, que pretende entrar al Consejo General del Poder Judicial por la puerta de atrás, es decir por el turno de juristas, ni siquiera ha reunido los avales necesarios de sus compañeros. Prueba, por si faltaba alguna más, de que el rechazo que provoca se basa no sólo en criterios políticos, sino también estrictamente jurídicos.

Pero las dificultades de Pedro Sánchez para lograr que su socio de coalición entre en razón no son problema del PP. Porque la negociación para la renovación del CGPJ no es entre Gobierno y oposición, sino entre partidos del Congreso de los Diputados. Es decir, entre PP y PSOE. Que son los dos partidos que, por sí solos, pueden cerrar un acuerdo sin la ayuda de ningún otro grupo de la Cámara. 

Sánchez, en fin, están planteándole un trágala a Pablo Casado, y la rueda de prensa de ayer viernes del presidente, innecesaria desde el punto de vista informativo, sólo tiene sentido si se la interpreta como una herramienta de presión contra el presidente del PP.

Pero ¿cómo va a aceptar el PP el nombramiento de un juez que propició la moción de censura de Mariano Rajoy con una apreciación personal extemporánea y sin ninguna base fáctica o jurídica? ¿Cómo va a aceptar el PP a alguien como Rosell, a cuyo lado incluso Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique parecen moderados? 

Problema de Sánchez

Si Podemos considera ambos candidatos irrenunciables, entonces el problema lo tiene Pedro Sánchez, no Pablo Casado. Porque si el objetivo final, a medio o largo plazo, es despolitizar la elección de los jueces, entonces Rosell y de Prada son invotables.

Si Casado pasara por ese aro, las consecuencias serían demoledoras no sólo para él, sino para su partido. Y eso lo sabe el PSOE, como lo sabe Podemos. 

Prueba de que el objetivo de Podemos no es propiciar un pacto aceptable para todas las partes, sino dinamitar el acercamiento de PP y PSOE, con el consiguiente daño para el prestigio y la autoridad del Poder Judicial, es que los morados han vetado a los candidatos del PP antes incluso de conocer sus nombres. 

El objetivo de este pacto es que tanto los nombres propuestos por el PSOE como los propuestos por el PP puedan ser asumidos por el otro. Y Rosell y de Prada, así como otros de los nombres que se han insinuado en los medios afines a Podemos durante los últimos días, son radicalmente inaceptables no ya para el PP, sino para cualquier partido con un mínimo respeto por las instituciones del Estado de derecho.