Salvo sorpresa de última hora, Pere Aragonès verá hoy frustrada su investidura por segunda vez después del no de Junts del pasado viernes.

Se abrirá entonces la cuenta atrás de dos meses que prevé la legislación antes de que se produzca de forma forzosa una segunda convocatoria electoral en Cataluña. Si el 26 de mayo no hay gobierno, los catalanes volverán a las urnas en julio. 

Aunque Salvador Illa y Podemos han movido ficha, el primero ofreciéndose a "liderar una alternativa" y los segundos reclamando una coalición de partidos de izquierdas, pocos son hoy en Cataluña los que creen que los posconvergentes y los republicanos serán incapaces de llegar a un acuerdo.

Sobre todo cuando, por primera vez en 40 años de democracia, los partidos separatistas han logrado superar, por muy poco, el 50% de los votos en las urnas (si se suma el voto de los partidos independentistas extraparlamentarios). 

Según Elsa Artadi, la portavoz de los de Carles Puigdemont, el elemento nuclear de la discrepancia es la relación del futuro gobierno regional catalán con el Gobierno español. Es decir, el procés, los indultos y un nuevo referéndum de independencia.

De creer a los líderes separatistas, el objetivo de estos es retornar a ese momento de octubre de 2017 en que el gobierno catalán huyó en desbandada tras declarar la independencia en el Parlamento autonómico. El punto en que, en el imaginario nacionalista, el procés encalló en la cuneta.

Consejo de la República

En realidad, si ERC y Junts no han llegado todavía a un acuerdo no es tanto por discrepancias respecto al grado de beligerancia contra el Estado del que hará gala la futura Generalidad, como por tres razones muy distintas.

En primer lugar, por las diferencias respecto al reparto de las áreas de gobierno (y el presupuesto) que le corresponderá a cada partido. El hecho de que ERC y Junts hayan prácticamente empatado a escaños (33 a 32) hará que la negociación final por el reparto de áreas de influencia se convierta en una lucha a cara de perro. 

En segundo lugar, porque Junts pretende que ERC pase por su particular viacrucis antes de alcanzar la presidencia de la Generalidad, en venganza por las rencillas que ambos partidos han vivido durante los últimos tres años. 

En tercer lugar, por el papel que debe jugar el llamado Consejo de la República de Carles Puigdemont (una especie de gobierno paralelo "en el exilio") en el futuro gobierno catalán.

Mayoría simple

Para salir investido, a Pere Aragonès le sería suficiente hoy una mayoría simple. Pero, con la abstención de Junts, el líder republicano necesitará también la abstención del PSC para conseguir más votos a favor que en contra, aunque nadie prevé que los socialistas vayan a dar ese paso a cambio de nada.

Los comunes de Podemos, por su parte, siguen insistiendo en la formación de un gobierno "alternativo" de izquierdas (es decir, de ERC más la CUP, Podemos y el PSC) con el argumento de que "hay muchas cosas del discurso de Aragonès que suenan bien".

Pero nada hace pensar que ERC y Junts vayan a poner los intereses de los catalanes por encima de los suyos para recuperar la normalidad democrática en una Cataluña que sigue despeñándose, día a día, por un barranco institucional, económico y social.

Lo demuestra el nombramiento de Laura Borràs como presidenta del Parlamento regional. Si ambos partidos no dieran por descontado un acuerdo de gobierno, ¿qué sentido tendría ese nombramiento?

Es de prever que, tras el fracaso de la investidura de Aragonès, Salvador Illa pida a Laura Borràs que le permita presentarse a la investidura, tal y como prometió en campaña. "No contemplo", ha dicho el líder del PSC, "que no se me dé la opción, si no hay nadie con mejores cartas que yo, de dirigirme a la Cámara a intentar obtener el apoyo de la mayoría de diputados del Parlament". 

Es una petición de justicia. Laura Borràs se ha quedado, además, sin argumentos para negárselo tras la investidura fallida de Aragonès.

El fracaso de Illa se da por garantizado por la negativa rotunda de los separatistas a hacerle presidente. Pero el Parlamento autonómico catalán no puede seguir convertido en un chiringuito nacionalista en el que unos partidos escenifican sus juegos de poder mientras el resto queda relegado a un papel de espectador pasivo. 

Harán bien los partidos constitucionalistas, en fin, en apoyar en la distinta medida de sus posibilidades la petición de Salvador Illa. Aunque sólo sea para demostrarle al separatismo que el Parlamento regional no es su coto privado.