El Consejo de Estado se ha sumado a la mayoría de las comunidades y a varios de los partidos de la oposición, entre ellos Ciudadanos y el PP, al señalar las carencias de la legislación actual en la lucha contra la pandemia. El Gobierno, así, se ha quedado solo en la defensa de la tesis de que la pandemia es perfectamente controlable con las herramientas legales vigentes y sin necesidad de ninguna reforma de calado.

El Consejo sólo ha hecho que reiterar lo obvio. Porque es incongruente ceder a las autonomías la gestión de la pandemia para luego privarlas de los mecanismos que les permitirían adoptar medidas de control, adaptadas a las necesidades de sus territorios, sin el apoyo del estado de alarma. 

El dictamen, firmado por unanimidad el pasado 22 de marzo y que ha sido recibido por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, pide una reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El dictamen ha sido emitido a petición del Gobierno y como paso previo a la hipotética presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada Ley de Salud gallega. 

Según Calvo, "tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas en emergencias sanitarias, en emergencias de pandemia. No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo". 

Una ley demasiado genérica

Pero no es esa la opinión del Consejo de Estado, que ha afirmado en su dictamen que "el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública". 

Recordemos que la Ley Orgánica 3/1986 consta de apenas cuatro artículos "extraordinariamente genéricos" (en la terminología del propio Consejo de Estado).

Resulta absurdo, en fin, pretender que esos cuatro artículos panorámicos puedan servir de base a las autoridades autonómicas para limitar derechos fundamentales como el de la libertad de movimiento o el del derecho al trabajo. 

La alternativa a la reforma de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública sería una ley de pandemias ad hoc. Pero tampoco parece interesado el Gobierno en entrar en esa batalla. Quizá por los recelos que pudiera provocar una ley de ese tipo en las comunidades más fuertemente nacionalistas, como Cataluña y el País Vasco. 

Sin instrumentos legales

Al dictamen del Consejo de Estado se suma también una segunda noticia que publica hoy EL ESPAÑOL. La de que el Gobierno carece de instrumentos legales para impedir que las comunidades autónomas adquieran vacunas de forma independiente, si así lo consideran conveniente. 

Dicho de otra manera. El Gobierno tiene las manos atadas si alguna comunidad (y en la mente de todos está la Comunidad de Madrid y la vacuna rusa Sputnik) decide saltarse la compra centralizada de la UE. 

Con un único requisito. Esas vacunas han de haber sido aprobadas previamente por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Cumplido ese requisito mínimo, las comunidades son libres para gestionar por su cuenta y riesgo la compra de vacunas y de cualquier otro tipo de material sanitario. 

Eso es lo que ocurrió, de hecho, durante las primeras semanas de la pandemia, cuando el Gobierno encontró dificultades para gestionar la compra de mascarillas y de otros productos de protección sanitaria, y varias autonomías, entre ellas la de Madrid, gestionaron por su cuenta la compra de ese material. Los famosos aviones de Ayuso, de los que todavía hoy habla la presidenta, son el mejor ejemplo de ello. 

No hay agravio comparativo 

EL ESPAÑOL considera que esa libertad es congruente con la organización política del Estado español. Si las autonomías son libres de gastar su presupuesto en embajadas en el extranjero, en televisiones regionales o en cualquier otro tipo de proyecto u organismo redundante de nuevo cuño, con más razón deberán poder gastar ese presupuesto en material sanitario para la protección de sus ciudadanos.

El debate, por supuesto, será aprovechado políticamente para generar la idea de un posible agravio comparativo entre comunidades. Pero, en realidad, se trata sólo de ser consecuente con el reparto competencial del Estado de las autonomías y con la propia descentralización de la gestión de la epidemia decidida por el Gobierno. 

Porque si lo que se pretende es una recentralización de las competencias sanitarias y la anulación de la corresponsabilidad fiscal, que se exijan ambas con nombres y apellidos.

Es incongruente defender el Estado de las autonomías sólo cuando la gestión de otros gobiernos regionales no deja en evidencia la irresponsabilidad de aquellos que prefieren gastar su presupuesto en la creación de estructuras de Estado en vez de en vacunas o material sanitario para sus ciudadanos.