El traspaso de la competencia de Prisiones al Gobierno autonómico vasco es una operación política de alto riesgo. El traspaso efectivo se producirá el próximo 1 de octubre, aunque el acuerdo se materializará en la Comisión Mixta, formada por representantes del Ejecutivo autonómico y del Gobierno central, el 10 de mayo. 

El hecho de que la foto oficial del acuerdo entre el Gobierno y el Ejecutivo regional vasco se haya retrasado hasta después de las elecciones autonómicas madrileñas es la mejor prueba posible de que el Gobierno conoce a la perfección lo polémico de la medida.

Una medida que ya ha provocado encontronazos de todo tipo en Cataluña. La única comunidad que disfrutaba, hasta ahora, de la competencia de Prisiones en España. 

El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo regional de Iñigo Urkullu da satisfacción a una de las reivindicaciones históricas del nacionalismo vasco. Reivindicación presente en el Estatuto de Gernika, pero que corre el peligro de generar la idea de que los crímenes de ETA han sido convenientemente olvidados en función de intereses políticos coyunturales.

Es decir, la idea de que, una vez más, un Gobierno español entrega mucho a los nacionalistas a cambio de muy poco.  

La operación corre el riesgo también de multiplicar las muy peligrosas ceremonias de homenaje a los terroristas que realiza el entorno de EH Bildu cada vez que un etarra sale de prisión.

Las lecciones aprendidas

Conviene que el Gobierno no olvide las lecciones aprendidas por la democracia española en su relación con el nacionalismo. Porque el traspaso de la competencia de Prisiones a Cataluña en 1983 no sólo no ha contribuido en nada al apaciguamiento del nacionalismo, sino que ha puesto en sus manos una herramienta más de desafío a la Constitución y al Estado de derecho. 

Conviene recordar, en fin, el uso que ha hecho la Generalidad de esa competencia de Prisiones para conceder privilegios de todo tipo, impensables en cualquier otro preso, a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo en 2019.

Privilegios que han ido desde la concesión de comodidades y prebendas impropias de una prisión, un hecho ampliamente denunciado por EL ESPAÑOL en sus artículos, hasta un uso libérrimo de los grados penitenciarios cuyo objetivo ha sido, lisa y llanamente, evitarles a estos el cumplimiento de la pena por la que fueron condenados. 

Delitos de sangre

Al riesgo de una operación cuya justificación es estrictamente política, y no organizativa, se suma el hecho de que la situación del País Vasco es potencialmente mucho más peligrosa que la de Cataluña. 

Porque, con ser graves sus delitos (probablemente el más grave que puede cometer un político en el ejercicio de sus funciones), ninguno de los líderes del procés cuenta con delitos de sangre a cuestas.

Las víctimas de los líderes del procés son todos los ciudadanos catalanes, incluidos aquellos que votan a partidos separatistas, pero que están sufriendo tanto como los que votan a partidos constitucionalistas la decadencia económica, política y cultural catalana. Pero ninguno de esos ciudadanos ha sido asesinado, o secuestrado, o extorsionado, como sí lo han sido las víctimas de ETA.

Por insoportables que sean las imágenes de cientos de vascos homenajeando a los asesinos de hombres, mujeres y niños tras el cumplimiento de sus penas, no lo serán nunca tanto como esa misma imagen si esta se produce tras la decisión del Gobierno vasco de conceder un tercer grado irregular a un preso etarra. 

Retorcer el reglamento

La posibilidad existe y no hace falta llevar al extremo las suspicacias para sospechar que el Gobierno vasco no tardará en retorcer el reglamento penitenciario a su favor si la liberación de los presos de ETA le supone algún beneficio político. 

Pero existe una posibilidad aún más peligrosa. La de que a un gobierno regional del PNV y el PSE le suceda uno de EH Bildu y la marca local de Podemos. Si la competencia de Prisiones en manos del PNV es un riesgo, en manos de EH Bildu se convertiría con total seguridad en el germen de un conflicto político sin precedentes. 

Si algo han demostrado los últimos cuarenta años de democracia es que el traspaso de determinadas competencias a las comunidades nacionalistas ha permitido que estas, con el tiempo, las utilizaran para amenazar nuestra democracia.

Tratando con el nacionalismo, por muy pragmático que sea este, nunca está de más un poco de prudencia. Porque el nacionalismo pragmático siempre tiene fecha de caducidad. Pero las competencias transferidas lo son para siempre.