No se puede solucionar un problema cuyo diagnóstico es erróneo y nada más erróneo que el diagnóstico del Gobierno español cuando ha instado al Banco de España a buscar fórmulas para limitar los salarios de los directivos de la banca tras las reestructuraciones de personal que están llevando a cabo las entidades financieras.
"Creo que los salarios y las bonificaciones de los ejecutivos bancarios deben estar alineados con la evolución de la industria y la economía en su conjunto" ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño durante una conferencia con periodistas internacionales.
Con la opinión de Calviño ha coincidido el ministro José Luis Escrivá, que ha recordado la "protección" de la que ha gozado el sector financiero a lo largo de los últimos años. Un mensaje nada cifrado cuyo objetivo eran, principalmente, BBVA y CaixaBank.
El primero ha anunciado un ERE para 3.800 empleados y el cierre de 530 oficinas, y la segunda, uno que afectaría a 8.300 trabajadores y más de 1.500 oficinas.
Pero el problema de la banca española no son los sueldos de sus altos directivos, sino otra serie de factores bastante más relevantes. En el mejor de los casos, el ajuste a la baja de esos salarios sólo actuaría como placebo ideológico para aquellos que demonizan de forma grosera al sector financiero.
Pero no atajaría los verdaderos problemas que afectan a la banca española.
Baja rentabilidad bancaria
Los 11.000 despidos anunciados por CaixaBank y el BBVA se suman a los 3.000 que está ejecutando ya el Banco Santander y a los que se avecinan tras la inminente fusión de Unicaja y Liberbank.
Dichos ajustes se llevan a cabo ante la excepcional situación que vive la banca por la baja rentabilidad del negocio. Esta escasa rentabilidad es fruto de los bajos tipos de interés (0%) que impone el Banco Central Europeo (BCE) para evitar que la economía colapse. Una política que ayuda a los Estados a endeudarse de forma barata, pero que lastra de forma sensible el negocio de las entidades financieras.
El salario de los ejecutivos de las entidades financieras no es, en fin, la causa de los problemas del sector. Y, en cualquier caso, no debe ser el Gobierno el que decida si estos son elevados o no, sino sus accionistas. Estos son, en un mercado libre, quienes deben lanzar las correspondientes señales de advertencia si consideran que estos son irracionalmente elevados o están fuera de mercado.
Tampoco podemos olvidar que los principales directivos financieros (Ana Botín y Carlos Torres entre ellos) ya se rebajaron el salario el año pasado, tras el estallido de la pandemia de Covid-19.
Costes regulatorios
Además de la rentabilidad del sector financiero, que depende del Banco Central Europeo, hay que tener en cuenta también los elevados costes regulatorios que deben asumir los bancos. Costes que consumen buena parte de sus recursos y que ayudan a esa buena-mala salud de los bancos de la que hablábamos en un editorial anterior.
Hay que recordar que uno de los grandes problemas de los bancos es el proceso de digitalización en el que está inmerso el sector. En buena medida, por el avance de la tecnología y por el cambio de hábitos de los clientes del sector. Pero también por el imparable avance en el terreno financiero de los grandes actores digitales, como Facebook o Apple.
Recordemos que las llamadas Big Tech juegan con reglas diferentes a las del sector financiero tradicional, pues no deben cumplir con los requerimientos de capital que exige el Banco Central Europeo al negocio bancario. Las Big Tech, de hecho, ni siquiera pagan la misma cantidad de impuestos que las entidades financieras tradicionales.
Y de ahí que la solución, o parte de ella, no pase por forzar la rebaja de los salarios de los altos ejecutivos de banca, sino por algo bastante menos mediático pero mucho más efectivo: que el regulador actúe para que las condiciones y los impuestos sean los mismos para todos los actores del sector financiero.
Y todos son todos. Los tradicionales y los recién llegados.