Lo decíamos ayer en el editorial de EL ESPAÑOL. El Gobierno está jugando, muy a su pesar y desde luego no por voluntad propia, un papel reactivo en la crisis desatada por Rabat. Es decir, el papel del ratón en la ratonera diplomática diseñada por Marruecos. Y eso porque los márgenes de actuación de los que disfruta un régimen como el marroquí no son los mismos que los de una democracia constitucional de la UE.
La llamada a consultas de la embajadora marroquí, cuya vuelta a España ha sido condicionada por su Gobierno a la expulsión del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, coloca a Pedro Sánchez en una posición imposible. Si el Ejecutivo expulsa a Ghali, aunque sea con el argumento de que este ha finalizado su tratamiento médico, Marruecos venderá su expulsión como una victoria diplomática sobre el Gobierno español.
Lo mismo ocurrirá si Ghali sale por su propia voluntad de nuestro país.
Pero si el Gobierno le permite a Ghali continuar en España para no ceder al chantaje de Marruecos, la crisis seguirá abierta sine die. La salida a esa ratonera podría pasar por responder a Rabat con su misma moneda. Es decir, con la llamada a consultas de Ricardo Díez-Hochleitner, el embajador de España en Marruecos. Pero al precio de escalar un peldaño más en un conflicto del que España es víctima.
El cinismo marroquí
A la retirada de la embajadora Karima Benyaich se ha sumado el cinismo del ministro del Interior marroquí, Naser Burita, que ha atribuido la entrada masiva de 8.000 inmigrantes ilegales en Ceuta a "un contexto de fatiga del dispositivo policial marroquí tras las fiestas del fin del Ramadán". Una fatiga que aparece y desaparece, como una fibromialgia ciclotímica, coincidiendo con los intereses del Gobierno marroquí.
Pero si quedaba alguna duda acerca de la implicación del gobierno marroquí en el asalto vivido hace tres noches en Ceuta, el sarcasmo de Burita la ha despejado por completo.
Es más. Si algo debe reconocérsele al Gobierno español es su voluntad de desescalar la crisis con declaraciones muy medidas en las que nunca ha faltado la calificación de Marruecos como "país amigo". España cometió un error intentando ocultar la presencia de Ghali en España, algo que es señal de una cierta conciencia de culpa, pero la reacción de Marruecos ha sido desproporcionada y abiertamente beligerante.
Voluntad de desescalada
A la actitud apaciguadora del Gobierno el reino alauí ha respondido con amenazas ("hay actos que tienen consecuencias"), recriminaciones a la prensa española por su supuesta "hostilidad" y el ya mencionado cinismo del ministro del Interior, que incluso ha acusado a la Policía española de desplegarse a razón de un agente por cada cien agentes marroquíes, como si España tuviera alguna responsabilidad en territorio extranjero sobre esos inmigrantes ilegales que Marruecos utiliza como arma contra ella.
Marruecos ha jugado en esta crisis con las cartas marcadas y envalentonada por el apoyo de los Estados Unidos. La utilización de sus propios ciudadanos en contra de España no le ha pasado ni le pasará factura como se la pasaría a un Gobierno europeo que actuara como lo ha hecho Marruecos y ese ha sido el principal factor desequilibrante en esta crisis: el respeto a los derechos humanos de unos y otros.
En el caso de Ghali, Rabat ha apostado sobre seguro sabedor de que la suya será una profecía autocumplida. Porque Ghali no se quedará eternamente en España (salvo que las acusaciones que pesan contra él en la Audiencia Nacional obliguen a su permanencia en nuestro país) y su futura salida hacia Argelia será utilizada por Marruecos como prueba de la sumisión de España a sus exigencias.
"El tiempo en el que se podía resolver una crisis con Marruecos con palmaditas en la espalda amistosas es cosa del pasado" ha dicho un alto cargo diplomático marroquí.
Convendría que el Gobierno le recordara a Rabat que el chantaje y la utilización de menores como herramientas diplomáticas también lo son. Como bien ha dicho la ministra de Defensa Margarita Robles, "la integridad de España no es negociable ni está en juego, y se van a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial española y vigilar las fronteras".