Dos años. Ese es el plazo que se han concedido ERC y JxCAT para decidir si les interesa continuar juntos durante 24 meses más de legislatura o si optan por romper el Gobierno en la primavera de 2023 y convocar elecciones autonómicas anticipadas. 

Ese plazo de dos años es la prueba de que este nuevo Gobierno nacionalista, en el que a ERC le corresponde la presidencia y las consejerías sociales, y a JxCAT la vicepresidencia, el control del 60% del presupuesto autonómico y prácticamente todas las consejerías de gestión relevantes, nace con fecha de caducidad y lastrado por la desconfianza entre ambos socios. 

La fecha no es casual. En 2023 España saldrá de un ciclo de varias elecciones autonómicas que podrían cambiar el escenario político nacional. En mayo de ese año se celebrarán elecciones municipales. 2023 es, además, la fecha límite que el independentismo ha señalado para esa mesa de diálogo con el Gobierno que debería conducir a un referéndum de autodeterminación pactado.

Un detalle más. Pere Aragonès ha prometido a la CUP someterse a una cuestión de confianza a medio mandato a cambio del apoyo de los radicales a los presupuestos de la Generalitat hasta esa fecha. Dicho de otra manera: como durante los cinco años anteriores, la estabilidad del Gobierno dependerá por completo de la CUP.

Tensiones a la vista

Pere Aragonès se convirtió ayer en el undécimo presidente de la Generalitat (y no en el 132º, como pretende el separatismo con el objetivo de impostar una supuesta continuidad histórica de la Generalitat con determinadas instituciones medievales) prometiendo ser "un presidente para todo el mundo".

Una afirmación desmentida por su intención de "hacer posible un referéndum pactado" y por su exigencia de que sea el Estado el que explique a los catalanes por qué deberían "optar" por "quedarse" en España. 

Las tensiones entre ERC y JxCAT son evidentes. El pacto ni siquiera es, para Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, el mejor de los peores posibles, sino apenas un apaño transitorio que le permite al nacionalismo evitar la convocatoria de segundas elecciones. Unas segundas elecciones en las que el PSC, de acuerdo con los sondeos, podría haber aumentado escaños, aunque sin hacer peligrar la mayoría independentista.

La atracción del nacionalismo

La renuncia de Elsa Artadi a la vicepresidencia es otra de esas señales de alarma que indican que el nuevo Gobierno autonómico catalán nace con taras de fábrica. Artadi era la candidata preferida de ERC y del empresariado catalán porque se le suponía un talante menos radical que el de cualquier otro nombre que pudiera presentar JxCAT. El puesto permanece, por ahora, vacante. 

El consejero de Economía, un cargo que debería haber ocupado también Artadi si esta hubiera dado el sí, será Jaume Giró, exdirector general de la Fundación La Caixa y antigua mano derecha de Isidro Fainé. La duda ahora es si en Giró pesará más su vieja moderación, que muchas veces pareció más impostada que real (y prueba de ello es su condición de número dos de Joan Laporta en su candidatura a la presidencia del F.C. Barcelona) o la lealtad al proyecto de un Gobierno abiertamente independentista.

El fichaje de Giró por el independentismo confirma, en cualquier caso, el magnetismo que ejerce el nacionalismo entre las elites catalanas. Unas elites en las que no parece hacer mella la evidencia de los estropicios, muchas veces sufridos en primera persona, que ha provocado el procés soberanista en la economía de las empresas catalanas.

Un indulto muy costoso

En el nuevo escenario catalán, las diferencias entre ERC y JxCAT son de matices. Mientras Aragonès promete luchar por un referéndum "acordado" a la escocesa, Laura Borràs, presidenta del Parlament y líder del sector duro de los exconvergentes, prometió en campaña a sus votantes una declaración unilateral de independencia si el separatismo superaba el 50% de los votos, como así ha ocurrido. 

Está por ver cómo recibirá el nuevo Gobierno autonómico catalán la noticia del indulto de los presos del procés, si es que este se produce finalmente. Si como una concesión (políticamente muy costosa para Pedro Sánchez) a cambio del aplazamiento sine die de la petición de un referéndum de autodeterminación, o como una señal de la debilidad del Estado. Es decir, como un incentivo para volver a las andadas.