Como publica EL ESPAÑOL hoy en exclusiva, el Gobierno sugiere en los informes con los que justifica los indultos a los presos del procés que el Partido Popular es el responsable embrionario de la deriva independentista en Cataluña.

Lo es, de acuerdo con los documentos, al haber eludido "cualquier acción política" y haber dejado "en manos de la Justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas, que fueron creciendo en intensidad".

Según los informes, aquella "renuncia al diálogo político" trajo consigo "graves consecuencias para la convivencia y la paz social en nuestro país". Lo que sugiere el PSOE es que el golpe no iba tan dirigido contra el orden constitucional como contra el Partido Popular.

Con estas palabras, el Gobierno omite a conciencia dos cuestiones. La primera, que la convivencia y la paz social se vieron amenazadas por el abuso de poder cometido por los líderes independentistas en otoño de 2017, cuando apostaron por la vía unilateral a costa de la voluntad de millones de catalanes y del marco legal común a todos los españoles.

La segunda, que el crecimiento del nacionalismo no se produjo únicamente durante el mandato conservador, como demuestra un repaso no extremadamente concienzudo de la historia, sino que encuentra claros precedentes en las distintas etapas socialistas de gobierno.

Con esta interpretación torticera de la historia, Moncloa trata de deshacerse de la responsabilidad por una decisión, la de indultar a los presos, que rechazan la mayoría social y el resto de formaciones constitucionalistas.

También traslada, al tiempo, el relato de que el indulto es la opción sensata e inevitable para recobrar la convivencia y la paz social en Cataluña. Pero lo hace sin aportar argumentos políticos y jurídicos sólidos, y fiándolo todo a la esperanza de que quienes lo hicieron, e insisten en que lo volverán hacer, no vuelvan a echarse al monte.

La historia reinventada

En los informes a los que hemos tenido acceso, el Gobierno reproduce los datos recogidos por el Centro de Estudios de Opinión catalán sobre el apoyo a la secesión en Cataluña. Unos datos escogidos con esmero que recuerdan que en 2006, durante la segunda legislatura de Zapatero, ese respaldo rondaba el 14%. Y que en 2013, ya con Rajoy, escaló hasta el 49%.

No sorprende, entonces, que el siguiente dato conduzca a 2017, cuando "el independentismo contaba con un apoyo del 35%", y a 2020, con la resaca del procés y un apoyo del 44,9%.

El informe no hace mención a la influencia del pujolismo en el auge nacionalista en Cataluña. Un pujolismo que se desarrolló y fortaleció durante los años 80, con Felipe González en la Moncloa. Tampoco a la promesa inasumible de José Luis Rodríguez Zapatero de conceder un nuevo Estatut para Cataluña en 2006, fuera como fuera este.

Un Estatuto que, en palabras del expresidente autonómico socialista Pasqual Maragall, convertía el Estado español en algo "meramente residual" en Cataluña. Y que fue derogado en sus partes más inasumibles tras su paso por el Tribunal Constitucional a recurso del Partido Popular en 2010.

¿Fue responsable el Partido Popular, pues, de la frustración que generó aquel fallo judicial? ¿O lo fue, sin embargo, Zapatero, que realizó una promesa que no podía cumplir (sin que existiese siquiera un clamor ciudadano que la demandara)?

¿Debió Rajoy, a tenor de los informes de Moncloa, aceptar el pacto fiscal que le exigió Artur Mas en 2012 bajo la amenaza de "atenerse a las consecuencias"? ¿Incluso cuando ese pacto fiscal era únicamente beneficioso para Cataluña y claramente contrario a los intereses del resto de España?

Un optimismo ilimitado

Es significativo que Pedro Sánchez, que respaldó la aplicación del artículo 155 en Cataluña y se presentó a las elecciones prometiendo que nunca iba a indultar a los líderes del procés justifique su cambio de posición esgrimiendo que es la única salida posible tras el desarreglo que dejaron sus predecesores. Reivindicando, a su vez, una utilidad pública que es incapaz de sostener con pruebas.

Mientras el Gobierno se limita a exigir a los independentistas el respeto del "marco de la legalidad" actual a cambio de la libertad (como si existiera otra opción que el respeto a la ley), los independentistas no cejan en sus exigencias al Gobierno y reiteran su voluntad de volver a hacerlo.

Sánchez apuesta por la medida de gracia con un optimismo infinito e injustificado y sin certezas. Porque lo único que sabe con seguridad es que los presos del procés dejarán de estar en prisión.

Todo lo demás es una fe ilimitada en que sean leales a una Constitución que, por naturaleza, hace imposible el sueño independentista de decidir la separación de Cataluña sin tener en cuenta al resto de España.

Una decisión arriesgada que el presidente del Gobierno debe asumir como propia, sin el respaldo de la mayoría social, del resto de formaciones constitucionalistas y de los propios beneficiarios. Es inaceptable que, para justificarla, reinvente la historia para que el indulto se evidencie como la única salida posible a un laberinto hipotéticamente construido por el Partido Popular.