El alarmante aumento de los contagios de coronavirus en España obliga al Ministerio de Sanidad a replantearse por completo la estrategia de desescalada en el sector del ocio y muy especialmente en el caso de aquellos eventos masivos en los que no sea posible garantizar el uso de mascarillas por parte de todos los asistentes.
La incidencia acumulada se ha disparado hasta los 600 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Preocupan los datos de regiones como Castilla y León y Navarra (por encima de los 800 casos) y sobre todo los de Cataluña (1234). Los mismos datos, por cierto, que llevaron al Gobierno a exigir el cierre de Madrid, como recuerda hoy EL ESPAÑOL.
Y si bien es cierto que esta quinta ola cuenta con una particularidad significativa, porque la mayor parte de los casos son leves y corresponden a menores de 40 años (con un índice de letalidad muy bajo), sería una irresponsabilidad permanecer de brazos cruzados frente al aumento de los contagios.
Primero, porque todavía desconocemos en buena parte la capacidad real de transmisión del virus entre los vacunados. Y, segundo, porque está demostrado que la eficacia de los fármacos disminuye con el paso de los meses. De hecho, el efecto de las vacunas podría estar ya disminuyendo entre los primeros vacunados.
En EL ESPAÑOL consideramos a todas luces urgente que el Gobierno intervenga con determinación y con prudencia para frenar la ola de infecciones. Y para ello resulta fundamental dar marcha atrás en la desescalada y poner el foco en el ocio nocturno, donde se producen en gran medida las reuniones colectivas.
El espejo británico
El caso de Cataluña resulta paradigmático. Con 1.234 casos por cada 100.000 habitantes, es la región más castigada por el coronavirus de Europa. Pero no es la única comunidad española que aparece en el top diez europeo. Le acompañan otras cuatro, lo que consolida un escenario inquietante.
Para atajar el problema en Cataluña, el Gobierno autonómico ha implantado el toque de queda nocturno en 161 municipios. Es previsible que durante las próximas semanas Cataluña sufra un incremento significativo de los pacientes en estado crítico.
En cualquier caso, España está lejos de ser una excepción en el entorno europeo. Reino Unido, el espejo en el que se ve reflejado nuestro país, acaba de convocar el freedom day (la jornada en la que se ha puesto final a la mayor parte de las restricciones impuestas durante la pandemia) con una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes y con el primer ministro, Boris Johnson, en cuarentena tras compartir espacio con el número uno de Sanidad, infectado.
España no ha apostado, al menos de forma explícita, por la inmunidad natural de grupo, como parece ser el objetivo en Reino Unido. Pero en la práctica, nuestro país parece haberse lanzado por ese camino. Si algo ha enseñado esta epidemia es que esa apuesta implica el riesgo de la saturación hospitalaria, el incremento de los fallecimientos y la aparición de nuevas variantes esquivas para las vacunas.
A ciegas
El Gobierno debe oír, pues, las críticas de sus socios europeos. Ayer mismo, el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, puso a España como contraejemplo de la gestión de la pandemia y definió nuestra estrategia como "imprudente".
Más allá de que sus palabras lleguen en plena campaña turística, y que omitan de forma interesada el caso británico o el holandés, merecen ser escuchadas. Sobre todo cuando señalan una realidad repetida y retransmitida, como es la celebración de actos masivos y la apertura de discotecas sin las medidas de seguridad oportunas.
El ventajismo no puede cegar a un Gobierno que debe tomar cartas en el asunto ante la multiplicación de los contagios. Las autoridades sanitarias harán bien, en fin, al recuperar las restricciones necesarias para regresar a la anhelada normalidad de antes.