El PP ha exigido la destitución de Félix Bolaños por afirmar, durante una entrevista en la cadena SER, que "ni los jueces pueden escoger a los jueces ni los políticos a los políticos". En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Pablo Casado ha llegado a acusar al ministro de la Presidencia de "totalitarismo inadmisible". 

La sobrerreacción del PP por las declaraciones de Bolaños, desafortunadas pero en línea con la postura del PSOE sobre el Poder Judicial desde mediados de los años 80, tuvieron su colofón ayer viernes, cuando los populares amenazaron con bloquear sine die la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PSOE no se pliega a sus demandas.

El órdago del PP es de vuelo gallináceo y está destinado a la melancolía. Se suma, además, a esa larga lista de desafíos que el PSOE y el PP se han lanzado públicamente para evitar asumir su responsabilidad como principales partidos del escenario político español.

¿Adónde conducen esos órdagos y qué pretenden ambos partidos conseguir con ellos?

Escalada de amenazas

La absurda escalada de fanfarronadas y ultimátums entre PP y PSOE no conduce a ningún lugar útil. Por más que el PSOE filtre primero, y diga abiertamente luego, que jamás aceptará un cambio de la ley, lo cierto es que todos en el Partido Socialista saben que eso no está en su mano si el PP gana las elecciones y decide cambiar esa ley.

Si eso ocurriera, volver atrás, es decir, al control del Poder Judicial por parte de los políticos, sería casi imposible por la oposición de Bruselas. ¿O pretende el PSOE convertir España en la Hungría y la Polonia del sur de Europa?

Por más que el PP amenace luego con bloquear la renovación de los vocales del CGPJ, todos en Génova saben que la ganancia a corto plazo (mantener una mayoría conservadora) será superada pronto por las perdidas a largo.

Porque cuanto más tarde el PP en aceptar la renovación del CGPJ, más tiempo deberá convivir, en caso de ganar las elecciones de 2023, con un Poder Judicial gobernado por una mayoría progresista.

Y en caso de que el bloqueo se perpetúe hasta 2023, una posibilidad con la que ya se ha especulado en el partido, ¿cómo pretende convencer el PP al PSOE de que acepte luego la renovación a la que él lleva negándose durante casi tres años? 

Perder la razón

Lo hemos dicho en anteriores editoriales. El PP no debería condicionar la renovación del CGPJ al cambio de la ley. Por su parte, el PSOE debería aceptar que el sistema actual tiene los días contados. Y no (sólo) por voluntad del PP, sino de la UE, mucho más cercana en sus tesis a una lectura honesta de la Constitución que el Partido Socialista.

El CGPJ es parte esencial del escenario democrático y ni PP ni PSOE pueden arrogarse potestad alguna sobre él. El PP pierde la razón que le asiste cuando se obstina en un bloqueo que perjudica al Estado de derecho. Y los argumentos razonables del PSOE en favor de una renovación inmediata pierden fuerza cuando pretende que esta anomalía populista, indefendible ya en Europa, se enquiste en el Estado de derecho español. 

El PP no puede ampararse tampoco en esas conversaciones privadas con Bolaños en las que este habría aceptado "estudiar" el cambio de la ley del CGPJ. Tampoco puede sorprenderse por el hecho de que un político diga lo contrario en público que en sus reuniones con la oposición. ¿Acaso el PP no lo hace mientras negocia en privado lo que luego niega en público? 

Pablo Casado aceptó ayer viernes pactar este lunes la renovación del CGPJ "si es para despolitizarlo". "No traicionaré mis principios porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo" dijo Casado.

Pero nadie le pide que traicione sus principios. Sólo se le pide que desbloquee una situación que ya se ha alargado durante más tiempo del razonable. Tiempo tendrá Casado para respetar sus principios cuando gane las elecciones.