La burbuja de irrealidad en la que ha vivido el Gobierno desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron su acuerdo de coalición el 30 de diciembre de 2019 empezó a pincharse ayer con la noticia de que la UE obligará a alargar el período de cálculo de las pensiones a cambio de los fondos europeos prometidos.

El alargamiento del periodo de cálculo, que ahora es de 25 años, tendrá como consecuencia una rebaja muy sensible de las pensiones, que podría llegar a ser de un 15% en algunos casos y que afectará más gravemente a las mujeres que a los hombres dado que sus carreras profesionales suelen ser más cortas.

La posibilidad de una bajada de las pensiones por medio de una ampliación del tiempo de cotización figuraba ya en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, pero su ambigua redacción parecía dejar la puerta abierta a una reforma de las pensiones menos perjudicial para los bolsillos de los ciudadanos. 

La reforma deberá estar lista durante el último trimestre de 2022. El acuerdo con la UE, sin embargo, no entra en detalles, así que se desconoce cuál será el nuevo periodo de cotización para el cálculo de las pensiones. Este será, en cualquier caso, superior a los 25 años actuales, lo que derivará en un menor gasto del Estado en prestaciones.

Tensiones inéditas

Existe un segundo punto relevante en el acuerdo entre el Gobierno y la UE. Es ese en el que se exige sustituir el factor de sostenibilidad actual por el llamado de equidad intergeneracional y que obligará a ajustar las pensiones a la esperanza de vida, muy superior hoy a la de hace 30 o 40 años. 

La exigencia de la UE provocará, sin duda alguna, serias tensiones en el Gobierno de coalición. Podemos y los sindicatos ya montaron en cólera cuando el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá propuso hace un año, en el Congreso de los Diputados, ampliar el periodo de cálculo hasta los 35 años, lo que habría provocado una rebaja de las pensiones del 5,5% según cálculos del propio Gobierno.

Las quejas provocaron la paralización de la propuesta y el donde dije digo, digo Diego de Escrivá. Resulta por tanto difícil imaginar que Unidas Podemos, UGT y CC. OO. accedan hoy a aquello a lo que se negaron rotundamente a finales de 2020.  

Condición sine qua non

Pero la propuesta no sólo ha llegado a Bruselas, sino que ha sido impuesta por la UE como condición sine qua non para la recepción de esos fondos europeos (70.000 millones de euros en total) que tanto necesita la economía española.

El problema, evidente, es cómo gestionará Unidas Podemos la obvia contradicción que supone formar parte de un Gobierno que ejecutará un recorte sin precedentes de las prestaciones sociales cuando los morados han hecho bandera no ya de su mantenimiento, sino de su incremento incluso en época de crisis. 

En EL ESPAÑOL hemos recordado en no menos de una docena de editoriales la evidencia de que la desesperada huida hacia delante del PSOE en su relación con Unidas Podemos sólo hacía que aproximarle con mayor rapidez a ese momento en que las contradicciones entre ambos partidos se harían evidentes e insoslayables. 

Ese momento está ya a la vuelta de la esquina. Es cierto que el Gobierno dispone todavía de un cierto margen de tiempo hasta que Unidas Podemos se vea en la disyuntiva de votar a favor de un recorte significativo de las pensiones o de romper su pacto con Sánchez. Pero el Gobierno tiene ya muy cercano el final de su escapada.