La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el pasado lunes la voluntad del Gobierno de liderar la redacción de un Tratado Internacional de Pandemias que permita coordinar, de entrada, las acciones para combatir la expansión de la Covid, con la variante ómicron como causa renovada de preocupación.

El plan pretende aunar los esfuerzos de las naciones integradas en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear “un instrumento jurídicamente vinculante”. Entre sus cometidos, establecería la obligatoriedad de adoptar medidas sanitarias mínimas. También la colaboración entre países pobres y ricos para que se garantice el acceso equitativo a los suministros esenciales en todos los continentes. Una condición que ómicron, originado en el cono sur africano, ha dejado claro que es fundamental.

La declaración de intenciones de Moncloa es meritoria. En más de una ocasión hemos sugerido desde EL ESPAÑOL la necesidad de apostar por mecanismos internacionales que sean eficaces contra la expansión de un virus, que permitan acciones tempranas y respuestas rápidas. Es una de las enseñanzas que nos ha dejado la crisis del coronavirus. Del mismo modo, planteamos la idoneidad de que la OMS cuente con herramientas que conviertan las sugerencias científicas en decisiones políticas.

Lo que sorprende es que el Gobierno se proponga liderar una línea de actuación común a 195 países cuando fracciona en 17 partes, una por comunidad autónoma, la lucha antiCovid en España.

Ley de pandemias

Moncloa cae en la contradicción de defender puertas afuera la implementación de medidas mínimas que descarta puertas adentro. Ante la más que probable continuidad de la gestión descentralizada de la crisis, resulta evidente la conveniencia de recuperar el debate de la ley de pandemias, que fijaría el marco legislativo común a todas las administraciones autonómicas, sin excepción. Como sugiere el Partido Popular y como sugiere, en parámetros similares, Unidas Podemos.

En un momento, además, de enorme incertidumbre ante una variante que puede ser más escurridiza para las vacunas, y que advierte sobre la posibilidad de una sexta ola.

Tras el varapalo del Tribunal Constitucional sobre la primera y la segunda declaración del Estado de alarma, que pasaron por encima de la ley, parece el mecanismo más eficaz y rápido para acometer decisiones tan restrictivas como los cierres perimetrales, sin tener que recurrir al Estado de excepción y sin tener que esperar a instancias judiciales que manejan tiempos más pausados que el virus. También para garantizar un criterio único, por ejemplo, sobre el pasaporte Covid. El Tratado Internacional de Pandemias es importante, pero la Ley Nacional de Pandemias es prioritaria.