Doce comunidades autónomas, entre ellas ocho del PSOE, han anunciado que convocarán en breve oposiciones de urgencia para cubrir miles de plazas de docentes de Primaria y Secundaria. Las dos últimas en anunciarlo han sido Madrid y Castilla-La Mancha. Sólo Cataluña y el País Vasco parecen reticentes a seguir ese camino, al menos por el momento. 

El objetivo de tan apresurada convocatoria es esquivar la aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una temporalidad que debería ser del 8%, pero que alcanza el 30% en el sector educativo.

La ley no es un capricho del Gobierno, sino una exigencia de la Unión Europea (UE) confirmada por el Tribunal de Justicia comunitario y, posteriormente, por el Tribunal Supremo. Su promulgación no obedece por tanto a criterios ideológicos, sino a estrictos criterios de justicia laboral. 

Una fórmula debatible

Se puede debatir si la fórmula escogida por el Gobierno ha sido la más adecuada. Es cierto que el nuevo sistema privilegia a los interinos (es decir, a aquellos trabajadores que, en muchos de los casos, no lograron superar las oposiciones en su momento) frente a los funcionarios que sí lograron aprobar dichas pruebas.

Es cierto que los privilegia, también y sobre todo, frente a los opositores a una plaza, que ahora verán cómo se cierra la puerta de la Administración para ellos. 

Pero también es cierto que muchos de esos interinos llevan años trabajando para la Administración y que el tiempo y la experiencia les han convertido, en buena parte de los casos, en trabajadores tan cualificados como aquellos que aprobaron las oposiciones en su momento. Tan cualificados como ellos, pero con unas condiciones laborales mucho peores. 

Y es esta injusticia, que ha derivado en un porcentaje de interinidad inasumible, el que pretende ahora corregir el Gobierno, espoleado por la UE. 

Boicot a la ley

La convocatoria apresurada de oposiciones por parte de doce comunidades supone tirar por la calle de en medio y esquivar la aplicación de la ley antes de su entrada en vigor en abril. 

La convocatoria de oposiciones supone también, como han defendido los sindicatos, un boicot a la norma. Algo especialmente sangrante en el caso de las comunidades gobernadas por el socialismo y que ahora esquivarán la aplicación de una ley elaborada por su propio Gobierno.

Al fondo late el problema de la financiación. Convertir en funcionarios a decenas de miles de interinos supondrá un golpe demoledor para las arcas de las comunidades. Y de ahí que hayan sido precisamente las comunidades autónomas vasca y catalana las que no han demostrado la menor prisa por anticipar la convocatoria de las oposiciones. Su privilegiada financiación se lo permite. 

Las doce comunidades afectadas tiene derecho a una financiación al menos tan generosa como la vasca y la catalana, en efecto. Pero el cumplimiento de las normas no es optativo.

Cualquier opción razonable implicaba una relativa injusticia para alguna de las partes en conflicto: funcionarios, interinos u opositores. Si el problema es la financiación, debátase la financiación. Pero mal ejemplo se da a los ciudadanos cuando se esquiva la aplicación de una ley con subterfugios como el mencionado. Un privilegio del que no disponen los ciudadanos.