La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de ordenar al juez del caso Tándem-Villarejo que siga investigando a Antonio Brufau (presidente de Repsol) y a Isidro Fainé (expresidente de CaixaBank) rectifica la de desimputar a ambos adoptada en julio del año pasado. La Sala ha estimado así los recursos interpuestos contra el archivo de las diligencias por la acusación particular, la Fiscalía Anticorrupción y Unidas Podemos, que ejerce la acción popular. 

El vaivén de la Audiencia Nacional alarga lo que ya se puede calificar de OPA hostil al IBEX 35 por parte de José Manuel Villarejo y de Luis del Rivero, quien al mando de una Sacyr en una delicada situación económica quiso hacerse en su momento con el control del BBVA y de Repsol, sin conseguirlo. Las acusaciones contra Brufau y Fainé, además, se basan en el supuesto cohecho que se habría cometido al contratar la agencia de un agente, el propio Villarejo, que no habría podido fingir su desvinculación de la Policía de no haber sido por la ayuda del Ministerio del Interior. 

Es tarea del juez demostrar que las empresas que contrataron los servicios de la agencia de Villarejo sabían que este seguía siendo policía (y que tenía por tanto acceso a información privilegiada sobre las empresas objeto de sus pesquisas). Pero lo que está meridianamente claro es que fue la Dirección General de la Polícia la que urdió en primer lugar la trama en la que cayeron CaixaBank, Repsol, Iberdrola, el BBVA y otros. 

¿Por qué? Porque era el Ministerio del Interior quien se beneficiaba de la información que conseguía el comisario Villarejo actuando como agente doble. Fue también el Estado, por medio del CNI, quien pinchó luego el globo cuando quiso deshacerse de Villarejo, arrastrando al lodo a las empresas que contrataron sus servicios. 

Agilizar el proceso

Es tarea de la justicia llegar hasta al fondo de este confuso y casi circense asunto. Pero también lo es agilizar el proceso para minimizar los daños a unas empresas, multinacionales punteras en su sector, de las que depende en muy buena parte la recuperación de la economía y del mercado laboral español tras la pandemia de Covid-19.

Si los empresarios investigados son posteriormente absueltos de todas las acusaciones, ¿quién reparará la pena de telediario a la que han sido condenados sin posibilidad de apelación? Los daños en su reputación y en la de las empresas que dirigen o dirigieron tendrán con total seguridad un impacto en forma de desconfianza de los inversores. ¿Quién cubrirá entonces el coste de esa desconfianza?

Es cierto que el clima social ha cambiado y que la exigencia de transparencia es transversal y afecta tanto a la política como al sector público y el privado. Pero si algo demuestra este caso es el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años para mejorar la gobernanza y la transparencia de las grandes empresas del IBEX.

OPA hostil al IBEX

Lo reclaman los ciudadanos y lo reclaman los inversores. El Gobierno debe agilizar la transposición de la directiva europea que obliga a las empresas a poner en marcha los canales necesarios para que los whistleblowers tengan la posibilidad de denunciar todas aquellas irregularidades que se cometan en sus empresas. 

Villarejo y el Ministerio del Interior se esforzaron durante años en ocultar que el primero seguía en activo como funcionario y manejando dinero de los fondos reservados. Villarejo no tenía despacho, ni coche, ni teléfono en la Policía. Parece excesivo por tanto asumir que las empresas que contrataban los servicios de su agencia conocían esta circunstancia por el hecho de que sus jefes de seguridad eran antiguos policías. 

Los presuntos daños causados por este caso son anecdóticos (Iberdrola Renovables, por ejemplo, ha sido imputada por una factura de apenas 29.000 euros) y producto de una cultura empresarial hoy erradicada. Los códigos de buenas prácticas actuales, no sólo en las empresas, sino también en el Estado y muy especialmente en el Ministerio del Interior, harían casi imposible que hoy ocurriera algo semejante. 

Pero el Estado, encarnado en este caso en el Poder Judicial, no debería permitir que un representante rocambolesco de las cloacas de esa vieja España ponga en jaque a algunas de las mayores empresas españolas por afán de venganza o, lisa y llanamente, porque el caos político y judicial conviene a sus intereses. ¿A quién serviría en ese caso la Justicia?