El bombardeo ayer de un hospital infantil de la ciudad portuaria de Mariúpol es el último de los criminales ataques contra objetivos civiles que las tropas rusas llevan perpetrando desde que la rocosa resistencia de los ucranianos, mayor de la esperada en un primer momento, frustró los planes del Kremlin de una rápida victoria militar.
Se acumulan ya en la retina de los ciudadanos las imágenes de edificios reducidos a escombros, de civiles muertos en las calles ucranianas y de niños hacinados en refugios antiaéreos o simples sótanos ante el bloqueo de unos corredores humanitarios que deberían haber servido, precisamente, para evitar estas estampas.
Se empieza a hablar ya en todo el mundo de la posibilidad de que Vladímir Putin sea acusado de crímenes de guerra. Jurídicamente, la invasión de Ucrania carece del menor soporte legal. Ni el ius ad bellum (las reglas que regulan los casos en los que estaría justificado el uso de la fuerza armada) ni el ius ad bello (las reglas que regulan el comportamiento concreto de los ejércitos durante la guerra) amparan a las tropas rusas.
Ius ad bellum
Aunque la posibilidad de que el presidente ruso acabe compareciendo frente a un tribunal penal internacional parece hoy remota, ni el ius ad bellum ni el ius ad bello asistirían a Putin en ese caso.
El ius ad bellum sólo admite el uso de la fuerza militar en dos casos. Como defensa frente a a un ataque exterior (el caso de Ucrania en esta guerra). O en casos extremos de defensa de los derechos humanos en otros territorios (el de los judíos durante el Holocausto).
El ius ad bello tiene como objetivo principal la protección de los civiles y el trato justo a los combatientes heridos o capturados, así como evitar el uso de armas prohibidas, nucleares, biológicas o químicas. Las víctimas colaterales sólo son consideradas "aceptables" si el objetivo principal del ataque eran objetivos militares.
Corte Penal Internacional
Las pruebas se acumulan en contra de Putin. Bombardeos que han impactado en hospitales, escuelas o instalaciones sanitarias de todo tipo. Ataques indiscriminados con morteros. Destrucción de edificios residenciales civiles. El bloqueo de unos corredores humanitarios que hoy siguen considerándose apenas un poco menos peligrosos que permanecer en las ciudades asediadas por las tropas rusas.
Rusia acusa a los ucranianos de adoptar las tácticas del ISIS. Apostar soldados en edificios civiles. Combatir o disparar desde zonas urbanas con una alta densidad de civiles. Utilizar los hospitales y otro tipo de instalaciones sensibles como parapeto y refugio temporal.
Ucrania niega las acusaciones.
El martirio de Mariúpol, una de las ciudades más castigadas por las tropas rusas, se ha convertido en uno de los símbolos de esta guerra inhumana que Putin ha ejecutado con cínicas excusas. El contador de víctimas civiles sigue aumentando día a día y el fiscal jefe Karim Khan ha anunciado ya que la Corte Penal Internacional investigará los posibles crímenes de guerra de Vladímir Putin.
Las excusas históricas, geopolíticas y humanitarias con las que el presidente ruso ha justificado la invasión de Ucrania podrán servirle ahora frente a sus aliados y sus acólitos. Pero no le servirán en un hipotético juicio penal internacional.
