Quienes pidieron una reacción del Gobierno ante el desbocamiento de la inflación y el encarecimiento de la energía encontraron ayer una respuesta. El Consejo de Ministros aprobó un plan nacional cargado de medidas sociales y destinado a paliar unas consecuencias atribuidas a la guerra que estará en vigor hasta el 30 de junio.

El análisis deja motivos para el optimismo, pero también para la suspicacia. El Gobierno ha establecido que aquellas empresas que reciban ayudas públicas no puedan imputar los despidos objetivos a las perturbaciones económicas ocasionadas por la ocupación de Ucrania. También ha aplicado un techo del 2% a la revisión de los alquileres y un aumento del 15% del Ingreso Mínimo Vital. Son medidas que pueden derivar en resultados contraproducentes.

Está demostrado que las limitaciones de precios y el intervencionismo tienen consecuencias. Generan desequilibrios que acaba perjudicando a quienes pretenden beneficiar.

Estas iniciativas se suman a la bajada de al menos veinte céntimos por litro en el precio de los carburantes. Era impostergable. Más si cabe en un clima de tensión social que se manifestó con crudeza en la huelga de transportistas. Con todo, se hace inevitable el reproche del método. Lo aconsejable era hacerlo vía impuestos, y no con subvenciones y exigencias a las compañías.

También entran en el plan acciones muy sensatas. El Gobierno alargará el tratamiento fiscal extraordinario de la factura de la luz, lo que se traduce en la rebaja del 21% al 10% del IVA y del 5,5% al 0,5% del impuesto especial a la electricidad, y la supresión del 7% del impuesto a la generación eléctrica.

Se echa en falta, en cambio, que los recortes impositivos no se ampliaran a más ámbitos. Moncloa se escuda en que dispone de poco "margen fiscal". Pero resulta imposible ignorar el peso en la decisión de Unidas Podemos, que ha puesto una línea roja a cualquier negociación entre PSOE y PP en este sentido.

¿Quién lo paga?

Queda por concretar cómo se van a establecer los topes al precio del gas. Según ha podido saber este periódico, la cifra que el Gobierno baraja para el precio máximo es de 20 euros/MWh. También que el coste de 6.000 millones de euros del plan se cargará sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Parece claro que el Gobierno espera cubrir las medidas anticrisis a costa del déficit público y recurriendo al colchón formado por el aumento de la recaudación. Resulta comprensible que los tiempos de necesidad exigen medidas extraordinarias. Por eso debe primar la prudencia. Ni las subvenciones deben extenderse más allá del plazo de urgencia previsto, ni el recurso del déficit debe exprimirse sin reparos.

Si el Gobierno no quiere que la Comisión Europea deshinche el globo de sus expectativas, debe ser diligente y serio.