Poco más de dos años después de que, en diciembre de 2019, Pedro Sánchez llegara a un acuerdo para un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, el PP ha cerrado su primer pacto de gobierno con Vox. Lo ha hecho en Castilla y León, donde el todavía presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, adaptó ayer su discurso de investidura a algunas de las exigencias de los de Santiago Abascal. 

Este diario ha alertado repetidamente de los peligros de normalizar la presencia de los partidos extremistas en las instituciones. Lo ha hecho, a diferencia de otros medios que sólo ven dicho extremismo en la orilla contraria, tanto con Vox como con Podemos. Algo que nos autoriza a alertar sobre las posibles consecuencias de un pacto como este.

Como han demostrado las elecciones francesas, la atomización del escenario electoral y el auge de los extremismos supone un riesgo de primer nivel para los partidos sistémicos. En Francia, tanto el Partido Socialista como los Republicanos están al borde de la desaparición en beneficio de radicales como Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen. Quien piense que eso no puede ocurrir en España no ha entendido el siglo XXI. 

Blanqueamiento de populistas

Y de ahí que la normalización de partidos como Podemos y Vox, o de líderes como Pablo Iglesias en su momento, o de Yolanda Díaz y Santiago Abascal hoy, sea más beneficioso a medio y largo plazo para esos partidos que para PP y PSOE. Porque puede que estos últimos ganen a corto plazo los votos que necesitan para llegar al poder. Pero ese blanqueamiento rema sólo a favor de los extremismos en el largo recorrido.

La tesis de que el poder amansa a las fieras no tiene en cuenta, en fin, el daño que esos partidos generan en el sistema y en las instituciones, así como la degeneración y la crispación de la convivencia que provocan entre los ciudadanos y que tan dificultosa marcha atrás tienen.

Y prueba de ello es la España de los últimos dos años. Una España que tendrá muy difícil restaurar la dañada confianza de los ciudadanos en instituciones como el propio Ejecutivo, el Parlamento, la Fiscalía o incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Concesiones a Vox

Como explica hoy EL ESPAÑOL, las concesiones de Mañueco a Vox, no sólo en términos de poder efectivo (una vicepresidencia y tres consejerías), sino también a nivel de programa, han generado inquietud en el PP.

Algunas de esas concesiones, como la de las prometidas bajadas de impuestos, son fácilmente encajables en la cultura de un partido al menos parcialmente liberal como el PP.

Otras, como las relativas a la inmigración o a las políticas de género, deberán pasar el test de la realidad para que los ciudadanos comprueben su verdadero alcance. Porque "inmigración ordenada" no quiere decir lo mismo en boca del PP que en boca de Vox. 

Y de ahí la ausencia hoy en las Cortes de Castilla y León de un Alberto Núñez Feijóo que ha visto cómo tras el cierre de uno de los problemas que han crucificado al PP durante los últimos meses (con la celebración del congreso del PP madrileño en el que Isabel Díaz Ayuso se hará con la presidencia de los populares en la región) se le abría un primer frente de batalla con la izquierda a raíz del pacto con Vox en Castilla y León. 

Es cierto que, como bien defendió Feijóo la semana pasada durante una entrevista en la SER con Àngels Barceló, el PSOE no tiene mayor derecho a condicionar la política de pactos del PP tras haber gobernado él mismo de la mano de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC (sólo dos años después del golpe contra la democracia ejecutado por sus líderes). 

Pero también es cierto que los errores del PSOE no justifican los propios. España no se ha convertido en una república bolivariana tras dos años de gobierno de PSOE y Podemos. Y Castilla y León no se convertirá en un remedo a pequeña escala de la Hungría de Orbán por el pacto entre PP y Vox. Pero la convivencia se resentirá de nuevo en un país cuyas bajas pasiones han sido excitadas por los populismos durante los últimos años muy por encima de lo recomendable.