La subida de la inflación, que ronda hoy el 10,2%, está tensando la economía de las familias españolas por su enorme impacto en la cesta de la compra y los precios de la energía y de los combustibles. Y nada hace pensar que la inflación vaya a remitir a corto plazo. Todos los indicadores económicos, de hecho, parecen apuntar en la dirección contraria. La inflación no sólo está aquí para quedarse, sino que seguirá subiendo. 

La subida del IPC está además agravando uno de los desequilibrios más acusados de nuestro país. El que hace que las pensiones suban con el IPC mientras que los sueldos que las pagan lo hacen en mucha menor medida. Porque con nuestro sistema de pensiones, las pensiones no se financian con lo cotizado por el pensionista a lo largo de su vida laboral, sino con los salarios de los trabajadores de hoy. 

Dicho de otra manera. El poder adquisitivo de las pensiones (y recordemos que las pensiones máximas españolas son de las más altas en términos relativos de la Unión Europea) se mantiene sólo a costa de empeorar el de los trabajadores que pagan esas pensiones. La injusticia es evidente.

Porque lograr que las pensiones no "perciban" la inflación está cargando sobre los trabajadores españoles un doble fardo sumado al de la propia inflación. El de la generosidad de unas pensiones de las que, muy probablemente, estos no podrán disfrutar cuando se jubilen. 

A no ser que el Gobierno, algún Gobierno, ya sea socialista o popular, acometa una reforma radical del sistema que, muy probablemente, disminuya dramáticamente sus posibilidades de salir reelegido.

Riesgos para la economía

De acuerdo con los planes del Gobierno, las pensiones se elevarán en 2023 en la misma proporción que lo hagan los precios durante este año. Con las previsiones actuales, aproximadamente un 8%. Una cifra muy superior a lo que crecerán los salarios. 

El ventajismo del Gobierno es evidente. Porque las pensiones dependen del Gobierno, y por lo tanto a nadie beneficia más que a él el mantenimiento de su poder adquisitivo, mientras que los salarios que deben cargar con el peso de esa subida de las pensiones dependen de las empresas privadas. La perversidad del mecanismo es evidente. 

A unas pensiones disparadas con pólvora del rey, en este caso del sector privado, se suma un dato demoledor. Los jubilados son uno de los colectivos españoles con un menor riesgo de exclusión o de pobreza, con un 16% para una media del 27%. Una verdadera política social intentaría equilibrar ese dato en vez de desentenderse de una de las partes de la ecuación en beneficio de la otra. 

Ojalá existiera un mecanismo fácil e indoloro para que las pensiones mantuvieran su poder adquisitivo sin cargar ese peso sobre la espalda de unos asalariados cuya capacidad de resistencia está ya muy cerca del límite, si no se ha sobrepasado hace meses. Pero ese mecanismo indoloro no existe. 

El Gobierno debe plantearse, por muy demoledor que sea para sus expectativas electorales, si mantener el poder adquisitivo de un colectivo "protegido" como es el de los jubilados compensa los riesgos para la economía que implica incrementar la presión sobre los trabajadores cuyo sueldo, en términos relativos, se verá recortado de forma sensible el año que viene.