Alberto Núñez Feijóo no negociará la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con Pedro Sánchez si este no retira antes de este jueves la reforma unilateral que afecta al Tribunal Constitucional (TC), y Pedro Sánchez no dará marcha atrás en dicha reforma si Feijóo no negocia antes la renovación del CGPJ con la ley actual.

Este es el resumen de la situación a 12 de julio de 2022. A un lado, el PP, los jueces, la UE y la Constitución Española. Al otro, el PSOE y su contrarreforma judicial, pactada con ERC. La reunión que tuvo lugar ayer entre Bolaños y González Pons no llevó a ningún lugar útil y el margen para el acuerdo parece haberse estrechado todavía más. 

Los recelos son mutuos y abundantes. Pero el PP está en lo cierto cuando denuncia que el Gobierno no puede jugar con las competencias del núcleo duro del Poder Judicial establecidas por la Constitución. Y ese núcleo duro, ese ADN, son los nombramientos.

¿Cómo justifica el Gobierno la "castración" de las competencias del CGPJ y el intento de abrir la puerta a la renovación del TC, pero no del Tribunal Supremo (TS), como si el Poder Judicial fuera un menú a la carta para los intereses del Ejecutivo? Jurídica y políticamente, la contrarreforma del PSOE es insostenible. 

Callejón sin salida

El PP ha enviado al PSOE el plan de reforma judicial prometido hace un mes. El plan es, en esencia, el mismo de Pablo Casado y Teodoro García Egea, pero la particularidad es que los populares consideran negociables "todos" sus puntos salvo el de la retirada de la contrarreforma que afecta al TC.

Dicho de otra manera. El plan del PP no obliga al PSOE a nada más que a darle una oportunidad a la negociación. El PP sabe, además, que ningún partido aceptaría un ultimátum como el planteado al PSOE, puesto que esa cesión sería interpretada como debilidad. Y de ahí la respuesta negativa de los socialistas. 

Pero lo cierto es que el Gobierno está en un callejón sin salida. Una circunstancia a la que se sumará este miércoles un nuevo informe de la UE en el que esta volverá a afear los intentos del Ejecutivo de controlar la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial y en el que se recordará de nuevo la necesidad de que sean los jueces los que, sin interferencias políticas de ningún tipo, seleccionen a los propios jueces.

Una contrarreforma interesada

Este jueves llegará por tanto al Parlamento la contrarreforma de la Ley del Poder Judicial con la que el Gobierno pretende obligar al CGPJ a nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Constitucional (lo que permitiría al Ejecutivo nombrar otros dos magistrados, el verdadero objetivo de dicha modificación de la ley).

La propuesta del PP de aceptar la renovación del Poder Judicial con la ley actual a cambio de que simultáneamente se avance en la reforma del modelo para que vuelvan a ser los jueces los que nombren a los jueces es razonable. El PSOE debería comprender que los tiempos en los que PP y PSOE se repartían el control del CGPJ están llegando a su fin y que no existe otro camino que devolver el Poder Judicial a los jueces. 

El PSOE debe considerar por tanto la posibilidad de aplazar la aprobación de su contrarreforma durante un plazo de seis o siete días para darle una oportunidad a la negociación de buena fe con el PP. En dicha negociación, el PP debería aceptar una fórmula que permitiera renovar el CGPJ con la ley actual, y el PSOE una que permitiera reformas legislativas en el sentido defendido por la Constitución, la UE y los jueces. 

Al final de esa negociación, el PP podría vender entre los suyos la idea que se ha "cambiado" la ley, y el PSOE la de que dicha ley "se ha perfeccionado". Cualquier otra opción, y más en concreto, la de que el Gobierno tire por la calle de en medio y apruebe su contrarreforma con el apoyo de ERC y otros de sus socios habituales, tendría muy graves consecuencias para la convivencia en nuestro país. 

Tampoco serían buenas esas consecuencias para el PP, que cargaría, de forma justa o injusta, con el eterno reproche de su negativa a negociar la renovación del CGPJ. 

PP y PSOE están condenados a la negociación. El margen para ello existe. Pero falta la voluntad de aprovecharlo. Este jueves ya será tarde para ello. PP y PSOE deben ponerse de acuerdo en un asunto capital para la convivencia y la estabilidad de nuestro país.