Era tristemente previsible que una Ley de Memoria Democrática pactada con los herederos de ETA, con el independentismo que en 2017 se alzó contra la democracia y con todos aquellos populistas cuyo modelo para la España de 2022 es la España rota de la II República iba a acabar consiguiendo lo contrario de aquello que en teoría pretende. 

Hacía mucho tiempo que el Congreso no vivía una jornada tan bronca, tan abiertamente guerracivilista en sus formas y en su contenido, como la de ayer.

¿A qué "memoria democrática" aspira el Gobierno cuando la ministra de Igualdad se marcha del hemiciclo llamando "fascista" a un diputado de Vox? Cuando EH Bildu presume de haber "reescrito" la norma y afirma que la Transición no trajo la democracia. Cuando ERC sostiene que la Transición "legalizó" el franquismo. Cuando un miembro de Vox afirma que Franco reconcilió a los españoles. Cuando un diputado socialista dice no ver diferencia alguna entre el PP de Feijóo y la Alianza Popular de Manuel Fraga. 

Se hace difícil pensar que haya otro motivo de peso para la aprobación de esta ley que satisfacer a los socios más extremistas del Gobierno en su rencor contra la mitad de los españoles, que elevar todavía más el volumen de la crispación social, o que levantar un nuevo muro entre españoles similar al felizmente derruido en 1978. 

Resulta ocioso decirlo, pero ninguna "ley de memoria democrática" que no pase por un pacto entre el PSOE, el PP y el centro político y social tendrá mayor legitimidad que la de una mayoría parlamentaria coyuntural, sectaria e interesada. Una mayoría parlamentaria, además, que divide a los españoles, todavía hoy, en víctimas del fascismo y en herederos de los verdugos. Como si la Transición no hubiera sucedido jamás.  

Fórmulas de transición

A la aprobación de la Ley de Memoria Democrática se ha sumado la de la reforma del Poder Judicial. Una reforma cuyo único objetivo es rehacer las actuales mayorías del Tribunal Constitucional en un sentido más beneficioso para los intereses del Gobierno.

A principios de esta semana, el Partido Popular ofreció un pacto al PSOE a cambio de que este retirara la ley pactada con ERC. EL ESPAÑOL proponía que el PSOE reformara la ley en el sentido deseado por la UE, por los jueces y por el PP a cambio de que estos aceptaran renovar el Consejo General del Poder Judicial con la ley actual.

Pero el rechazo del PSOE a cualquier fórmula de transición y, según fuentes socialistas, la cerrazón del PP, han desembocado en el peor desenlace posible. En una ley que culmina el asalto del PSOE al Constitucional y que genera todavía más malestar entre un Poder Judicial que se siente manoseado por un Gobierno que juega con sus competencias como si estas fueran de quita y pon y estuvieran sujetas a sus intereses. 

Objetivos cumplidos

Desde el punto de vista del Gobierno, la semana acaba con todos los objetivos cumplidos. El Debate del estado de la Nación no ha supuesto mayores dificultades para un Pedro Sánchez cuyo principal rival no tuvo oportunidad de intervenir. El anuncio de los impuestos a la banca y a las energéticas compactó de nuevo el bloque de la investidura. A ello hay que sumar la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la reforma del Poder Judicial y la del decreto de medidas anticrisis (con la abstención del PP).

Políticamente, el Gobierno no sólo ha salvado la semana, sino que se ha garantizado su supervivencia hasta el final de la legislatura. A cambio, Pedro Sánchez le ha cedido el espacio de centro por completo al PP, ha puesto en serio riesgo la recuperación de la economía española y ha dividido todavía más a los españoles en dos bandos. 

El balance puede ser, por tanto, netamente positivo para el presidente desde un punto de vista estrictamente utilitario. Pero el precio que han pagado los españoles es muy alto. Porque, de nuevo, el Gobierno ha transmitido la sensación de que se han sacrificado consensos muy valiosos a cambios de beneficios personales muy pequeños. 

Este diario no cejará en su empeño de que el Gobierno, y el PSOE en particular, retorne a una senda de consenso, de moderación y de racionalidad. Pero la realidad se empeña en demostrar una y otra vez que Pedro Sánchez ha escogido su camino libremente, teniendo alternativas a su alcance, y que sus intereses no son los de los españoles.