El Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho no a la exigencia de la Unión Europea de recortar un 15% el consumo de gas a partir de agosto para hacer frente a la escasez energética provocada por la invasión de Ucrania y en prevención de un hipotético corte total del gas ruso si el Kremlin así lo decide por motivos geoestratégicos.

Tras asegurar que el plan no se ha consultado previamente con el Gobierno de nuestro país, la ministra Teresa Ribera ha anunciado que España votará en contra del nuevo reglamento de emergencia el próximo martes 26 en Bruselas.

"España es una sociedad europeísta y solidaria" ha dicho la ministra de Transición Ecológica. "Por tanto, lamento profundamente decir que España no apoya este plan. No permitiremos propuestas que nos hagan sufrir por encima de lo que se les exige a otros socios comunitarios" ha añadido luego. 

Pero la frase más significativa de Ribera ha sido otra. "A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético". 

La frase de Ribera alude de forma explícita a ese argumento que los países frugales del norte de Europa han utilizado con frecuencia para oponerse, o al menos condicionar fuertemente, las ayudas financieras a los conocidos como PIGS del sur (Portugal, Italia, Grecia y España). 

Dicho de otra manera. España está lanzando un mensaje nada velado a Alemania por su dependencia del gas ruso. Por su fe ciega en unas renovables que de momento se han mostrado incapaces de proporcionar toda la energía que necesita una economía desarrollada. Y por su rechazo, motivado por caducas supersticiones ideológicas, de la energía nuclear.

La exigencia de España, como explica hoy EL ESPAÑOL, es clara. "Recortes cero". 

Isla energética, no política

La posición española no carece de base y es lógico que el Gobierno pretenda hacer valer el esfuerzo realizado por España con sus regasificadoras para disfrutar de una relativa independencia energética que la haga menos vulnerable a un corte súbito de suministro del gas ruso (o de cualquier otro tercero suministrador). 

La estrategia española se ha demostrado tan prudente como premonitoria. Recordemos que el gas ruso ha pasado de representar el 40% del total europeo en 2021 al 20% en junio de 2022, y que la rusa Gazprom ha roto ya sus contratos de suministro con varios países europeos. 

Pero lo cierto es que, aunque España pueda ser en cierta manera una isla energética, algo reconocido de hecho por la UE, no es de ninguna forma una isla política aislada del resto de sus socios europeos. Como demuestra nuestra dependencia, casi existencial, de los fondos Next Generation de la UE.

España no debe olvidar, además, que la ideología que rige su política energética no se diferencia en nada sustancial de la del resto de Europa, puesto que también aquí nuestro Gobierno se opone de forma radical a la energía nuclear y mantiene una fe casi absoluta en el potencial de las renovables. Resulta por lo tanto hipócrita exigirle a Alemania y al resto de la UE un realismo energético en el que España, en el fondo, tampoco milita. 

Recortes descontados

España, es cierto, ha hecho los deberes en el terreno energético y su posición es, como la de Portugal y Francia, mucho mejor que la de una Alemania que ha apostado por depender energéticamente de un socio tan poco fiable como el Kremlin. Pero haría bien el Gobierno en recordar que su posición energética es tan fuerte como débil lo es en el terreno financiero.

Además, ¿cuál sería la respuesta de Alemania en relación con los fondos europeos si España se negara a cumplir con su cuota de solidaridad? ¿Es lógico que España afee al resto de países europeos su falta de diligencia energética cuando esta es en el fondo muy similar a la falta de diligencia española en el terreno financiero o en un mercado laboral que nos ha convertido en la nación europea con más parados? 

Es probable que el Gobierno dé por descontada la aprobación de los recortes energéticos y que tan sólo esté negociando desde una posición de fuerza la intensidad de estos o sus contrapartidas a medio y largo plazo.

Es probable también que en el órdago de Ribera jueguen elementos de política interna. Siempre es preferible que la responsabilidad de los recortes recaiga en la UE a que recaigan en un Gobierno que no puede permitirse ya ningún golpe más en el bolsillo de los ciudadanos o de sus empresas. 

Pero Moncloa debe medir su órdago. La cuerda puede tensarse hasta cierto límite. Pero no puede romperse bajo ningún concepto. En primer lugar, porque no puede permitírselo España. En segundo lugar, porque no puede permitírselo Europa. Y, en tercer lugar, porque eso sería aprovechado por Vladímir Putin para darle una vuelta de tuerca más al garrote energético con el que el sátrapa está intentando asfixiar a la UE.