Tras el gravamen a la banca y las energéticas llega ahora un impuesto a "los millonarios" que entrará en vigor el 1 de enero. Nada se sabe aún sobre la forma que adoptará dicha figura impositiva, aunque sí se sabe que será temporal y que durará unos dos años. En teoría, la nueva tasa no afectará al actual impuesto de patrimonio. 

Pero ¿quiénes son los ricos? Según María Jesús Montero, el impuesto afectará a "los millonarios", que la ministra de Hacienda calcula en el 1% de los ciudadanos.

De acuerdo a datos de la Agencia Tributaria, sólo 115.000 españoles, el 0,25% de la población, tienen ingresos superiores a 150.000 euros. Una cifra que difícilmente puede considerarse como la renta de un "millonario". De hecho, llegar al millón de euros, suponiendo un ahorro anual sostenido en el tiempo del 50% del salario, le costaría a esas personas más de trece años. 

La explicación del porqué de esta tasa, que el PSOE ha vampirizado de Podemos, parece tener relación con la intención del gobierno andaluz de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, como ha hecho ya la Comunidad de Madrid. Lo ha confirmado la propia ministra cuando ha afirmado que la decisión de aprobar el gravamen "se ha acelerado" por "la decisión de las regiones del PP de bajar determinados impuestos". 

Lo que María Jesús Montero está reconociendo es que la finalidad del impuesto no es recaudatoria, sino punitiva. El objetivo no sería tanto aumentar la recaudación del Estado (que está en niveles récord debido al aumento de la inflación) como boicotear la política económica del PP en Madrid y Andalucía.

Que el anuncio de la nueva tasa se haya hecho además el mismo día que el Gobierno ha rebajado la previsión del PIB de 2023 al 2%, siete décimas menos que en julio, alimenta las sospechas de que se trata de un gravamen improvisado destinado también a tapar la mala gestión económica del Ejecutivo.

Aunque no se conoce aún la forma que adoptará el impuesto, los analistas de EL ESPAÑOL barajan dos formatos. Un incremento del IRPF para las rentas más altas que lo aproximaría a la frontera del 50%, entrando de lleno en el terreno de lo confiscatorio, o un recargo estatal sobre el impuesto de patrimonio del que se descontaría la cuota ya pagada en la autonomía de residencia del "millonario". 

Con esta fórmula, el Gobierno anularía de facto la autonomía fiscal de las comunidades dado que todos los ciudadanos españoles, independientemente de que el impuesto estuviera o no bonificado en su región, pagarían dicho gravamen en la misma medida. La finalidad política del impuesto (en el caso concreto de Madrid y Andalucía, atraer inversiones y patrimonios para aumentar los ingresos por IRPF y otros conceptos) se dinamitaría así por completo, en especial si se descuenta del recargo estatal la cantidad pagada en la comunidad autónoma de residencia. 

El improvisado impuesto a los ricos agrava la inseguridad jurídica en España, uno de los factores más valorados por los inversores, y parece tener un objetivo electoralista de cariz radicalmente populista: la de plantear la contienda electoral entre PSOE y PP como un pulso entre defensores de "los pobres" y defensores de "los ricos".

Ninguno de los analistas de EL ESPAÑOL confía en que el impuesto sirva para recaudar más que una cantidad anecdótica en términos relativos. Francia es el único país de nuestro entorno más cercano que ha implantado un impuesto similar al que pretende aprobar el Gobierno español. Pero lo anuló en 2019 a la vista de que las grandes fortunas estaban saliendo del país. Fue sustituido por un impuesto inmobiliario, que es el único patrimonio que no puede "escapar" del país.

Otros países que cuentan con un impuesto similar son Noruega y Suiza. Austria, Dinamarca, Alemania, Holanda, Finlandia, Islandia, Luxemburgo y Suecia lo han tenido, pero lo derogaron por su ineficiencia en algún momento entre 1994 y 2007.

Nada hace pensar que España vaya a ser la excepción a la regla de la ineficiencia del impuesto a la riqueza, sobre todo a la vista de que el impuesto al patrimonio ya ha provocado la fuga de muchos contribuyentes a Portugal (y de ahí la eliminación del impuesto en Andalucía, cuyo objetivo es conseguir que esos patrimonios vuelvan a la región). 

La pregunta es obvia.

Si el impuesto a los ricos no recaudará una cantidad significativa; si boicotea la autonomía fiscal de las autonomías que defienden políticas liberales; si provocará la fuga de capitales y de contribuyentes, disminuyendo la riqueza global del país y ahuyentando a los inversores; si los castigados no serán sólo los verdaderos millonarios, sino también los asalariados de éxito; si no disminuirá la inflación ni servirá para cumplir con los objetivos europeos de recaudación; si el problema español no es de recaudación, sino de crecimiento; ¿qué pretende el Gobierno con él? 

¿Defender a los pobres o promover la pobreza?