Aunque siguen sin mostrarse satisfechos, los representantes de los funcionarios consiguieron arrancarle ayer a la ministra de Hacienda una notable mejora de sus condiciones laborales. Una que bien puede despertar el agravio comparativo con respecto a los trabajadores del sector privado.

María Jesús Montero se ha comprometido con los sindicatos de la función pública a un alza salarial multianual del 1,5% para este año, y del 2,5% y 2% en los próximos dos años, respectivamente. Sumada a la mejora del 2% del pasado enero, los funcionarios verán para este año una subida salarial del 3,5%.

La oferta viene a atender las reclamaciones de los empleados públicos de un ajuste salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Pero es evidente que, con esta propuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez entra en campaña, intentando cortejar el voto de los funcionarios con vistas al año electoral próximo.

Montero también ha ofrecido avanzar hacia una jornada laboral de 35 horas, y obsequiar a los funcionarios con tres jornadas semanales de teletrabajo.

En resumen, la fórmula que el Gobierno prevé para los empleados públicos consistirá en trabajar menos cobrando más. Huelga destacar el mensaje profundamente desincentivador desde el punto de vista económico que este esquema entraña en un país como España, que arrastra un gran problema de productividad laboral.

Este Gobierno ya ha dado anteriormente muestras de privilegiar al sector público en sus planes políticos. El pasado mayo, Función Pública acordó con los sindicatos la mayor oferta de empleo público de la historia, con casi 30.000 nuevas plazas para la Administración General del Estado.

Sólo en el último año se ha incrementado la plantilla de la Administración en casi 67.000 contrataciones. En sus tres años de Gobierno, Sánchez ha ampliado con 58.500 personas la Administración Central del Estado, el doble de funcionarios que Mariano Rajoy en toda su etapa al frente del Ejecutivo. Esto supone un 20% más de trabajadores públicos desde la llegada de PSOE y Unidas Podemos al poder.

Estas cifras colosales hacen que la factura que tiene que asumir el sector privado para sostener al Estado sea difícilmente asumible. Según los datos de la Seguridad Social, a cierre del año pasado, el gasto en sueldos y pensiones públicos superó los 300.000 millones de euros.

El coste representado por la masa salarial de los empleados públicos no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos. Tal y como acreditó el informe del Instituto de Estudios Económicos para el año 2021, España está por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en eficiencia del gasto público. Esta ineficiencia le cuesta a los españoles aproximadamente 60.000 millones de euros.

Agasajando a los funcionarios con alzas salariales y reducciones de jornada, el Gobierno pretende marcar la pauta para el pacto de rentas. Sánchez ya avanzó que ligaría las revisiones salariales en el sector privado con las del sector público, incluyendo a los funcionarios en las negociaciones de patronal y sindicatos para la renovación de la negociación colectiva.

En un país en el que los más de 2.700.00 trabajadores públicos representan el 17% de la población ocupada, seguir haciendo concesiones al Sector Público en materia de productividad va en la dirección contraria de lo que demanda la economía.

España necesita de unos ciudadanos con iniciativa profesional y ambición empresarial. Continuar otorgando mejoras salariales y laborales a un sector ya de por sí dotado de unas condiciones de estabilidad envidiables puede crear en los españoles la percepción de que la función pública es todo un chollo profesional.

Y ningún país puede permitirse una población en la que todo el mundo aspire a convertirse en funcionario.