No va más. Lo dijo ayer lunes frente a la prensa Esteban González Pons al finalizar la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: "Nos hemos dado una última oportunidad, al todo o nada". Si no hay acuerdo durante esta última ronda de negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es muy probable que no la haya ya hasta 2024, tras las próximas elecciones generales.
Tanto Sánchez como Feijóo han dado un primer paso reseñable para el desbloqueo del CGPJ. El presidente del Gobierno, convocando a Feijóo para una reunión en la Moncloa tras el anuncio de la dimisión del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El líder del PP, publicando un tuit en el que todas y cada una de sus palabras estaban medidas con escuadra y cartabón.
Porque cuando Feijóo dice "confiar" en que "también será posible" una reforma de la ley lo que está haciendo es desligar la reforma de la norma de la renovación del CGPJ. Es decir, eso que EL ESPAÑOL ha pedido una y otra vez en sus editoriales desde hace tres años. Porque, en última instancia, la reforma de la ley que regula la elección de los vocales del Consejo depende en mucha mayor medida de quién gane las elecciones que de los posibles compromisos a los que puedan llegar PP y PSOE.
Es decir, que la reforma de la ley estará al alcance del PP si gana las elecciones en 2023 y llega a la Moncloa, desde donde podrá hacer aquello que no hizo cuando disfrutó, tanto con Aznar como con Rajoy, de una amplia mayoría absoluta.
Tanto PP como PSOE tienen por tanto mucho a ganar, pero también mucho a perder. Pero para que ocurra lo primero y no lo segundo, ambos deben ceder.
El PP debe acordar la renovación del CGPJ en el marco de la ley actual, aunque está legitimado para exigir medidas que garanticen una mayor independencia de los vocales y de otros miembros del Poder Judicial respecto al poder político.
Pero el PP debe asumir también que la mayoría es hoy del PSOE y que eso va a generar una mayoría afín al socialismo en el CGPJ, como ha ocurrido en cualquier caso desde 1985. Un statu quo del que él también se benefició en su momento.
El Gobierno, por su parte, debe aceptar ese nuevo "marco" que avance en la despolitización de la Justicia. Marco que pasa por aceptar algunas restricciones que limiten su discrecionalidad en los nombramientos de determinados cargos.
Si esta es realmente la última oportunidad que se han concedido PP y PSOE para llegar a un acuerdo (y la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 parecen confirmar este punto), Sánchez y Feijóo no tienen ya excusa alguna para no llegar a un pacto que satisfaga a ambos en la misma medida que les decepcione.
Porque la alternativa es llegar a 2024 con el Poder Judicial bloqueado tras más de cinco años de parálisis. Una situación inaudita y radicalmente desaconsejable en una democracia como la española. Mucho más teniendo en cuenta que durante el año que viene, año electoral por partida triple, la temperatura política, y por tanto la crispación ciudadana, se elevará en varios grados.
Sánchez y Feijóo deben tomar ejemplo de Carlos Lesmes, que ha puesto la estabilidad de la institución que preside, así como la lealtad a la Constitución y a los ciudadanos españoles, por delante de sus intereses personales. Que haya hecho falta su dimisión para que Sánchez y Feijóo se dieran una última oportunidad es sin duda alguna injusto, pero obliga más que nunca a que ambos lleguen a un acuerdo razonable.
Si esta última oportunidad se malbarata, el Poder Judicial no volverá al punto en el que estaba hace 48 horas, sino que se verá condenado a una inestabilidad y una provisionalidad de la que sólo sacarán beneficio los populistas. Es decir, Podemos, Vox y los nacionalismos. Porque el caos es el caldo de cultivo de estos, y caos es lo que tendremos si PP y PSOE fracasan de nuevo en este último intento de pacto.
Sánchez y Feijóo no pueden permitir que los intereses electoralistas prevalezcan sobre los de España, los españoles y la estabilidad de las instituciones. Les va su prestigio en ello.