La huelga iniciada el pasado lunes en los centros de atención 24 horas se extendió ayer al conjunto de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. El sindicato AMYTS redobló el pulso que mantiene con Isabel Díaz Ayuso convocando una huelga indefinida de médicos de Familia y Pediatrías a partir del próximo 21 de noviembre. Esto supone que de los 200 facultativos que están movilizados ahora mismo pasaríamos a 4.000.
Ayuso no ha dado muestras de querer sentarse a negociar con AMYTS para desconvocar la huelga. En el Gobierno regional son bien conscientes de que la arremetida del Ejecutivo central a cuenta de los paros médicos le permite a la presidenta madrileña erigirse como cabeza visible de la oposición a Pedro Sánchez.
De hecho, la Consejería de Sanidad ha eludido la solicitud de este periódico de hacer valoraciones sobre la huelga y ha preferido criticar que el Gobierno emplee el Consejo de Ministros para atacar su gestión sanitaria. Por unos problemas, por cierto, de los que no están exentas otras comunidades, sobre las que Carolina Darias no se ha pronunciado.
Que las izquierdas madrileña y nacional han instrumentalizando políticamente las deficiencias de la Atención Primaria se hizo evidente ya el pasado octubre, cuando la Delegación del Gobierno (en manos del PSOE), insólitamente, contabilizó más del doble de asistentes a la manifestación "por la Sanidad pública" que los propios organizadores.
También se evidencia la cuestión subyacente de afinidades y antipatías políticas en el rechazo de UGT y CCOO (que se habían mostrado conformes con el plan de la Consejería de Sanidad para reabrir los centros de urgencias) a secundar la huelga en los Puntos de Atención Continuada. Cuatro de los cinco sindicatos del sector no se han sumado a ninguno de los dos paros.
No menos insidiosa es la acusación de Darias, que reprochó ayer a Madrid haber reducido las plazas disponibles para Atención Primaria en un 2%. La ministra de Sanidad parece olvidar que, en la última edición del MIR, el mayor número de plazas sin adjudicar en la especialidad de Medicina de Familia se dio en Cataluña, que acumulaba el 35,5% de las vacantes desiertas.
La izquierda también intentó sacar rédito político de los ceses y dimisiones del pasado octubre, aunque no tenían nada que ver con problemas en la gestión de la atención sanitaria. Aunque es innegable que el Gobierno de Ayuso ha cometido errores en este campo. Prueba de ello son las modificaciones improvisadas por la Consejería del modelo asistencial para las Urgencias Extrahospitalarias.
Es asimismo difícil de negar que la sanidad pública madrileña tiene un problema de accesibilidad y continuidad asistencial, como denuncian los sindicatos. Pero no en mayor medida que otras CCAA. Las listas de espera en la comunidad son elevadas, aunque no las más abultadas de España.
También es evidente que la sanidad madrileña sufre un déficit de profesionales. Como informa este periódico, Madrid es la comunidad con menor número de médicos de Atención Primaria por cada 10.000 habitantes.
Pero, no en vano, AMYTS señala como culpables de la escasez de facultativos tanto al Gobierno central como al autonómico. Las dificultades para la contratación de personal médico esgrimidas por Ayuso fueron reconocidas por el ministro de Universidades, que ampliará en un 15% las plazas de Medicina.
En cualquier caso, Sánchez y Darias están cometiendo un error estratégico mayúsculo. Poniendo a Ayuso en la diana de sus ataques le está permitiendo al Gobierno regional centrarse en repeler los dardos mientras no convocan la Mesa Sectorial para discutir las justificadas demandas de los sanitarios.
Una estrategia equivocada y contraproducente que no sólo está cayendo en la trampa de Ayuso para reforzarla como líder del antisanchismo. También está consiguiendo quitar el foco de lo fundamental. A saber, el evidente deterioro de una Atención Primaria que el incremento de la presión asistencial por la pandemia dejó muy tocada.
Unos problemas, en cualquier caso, que apuntan a una cuestión de fondo que va mucho más allá de la gestión sanitaria de Ayuso. Y que no es otra que la necesidad urgente de replantear un modelo de sistema sanitario incapaz de cumplir las demandas asistenciales de la población.