El estudio de los detalles que se conocen por el momento de la reforma del delito de sedición, en realidad su eliminación del Código Penal y posterior sustitución por un tipo penal nuevo llamado "desórdenes públicos agravados", ofrece algunas conclusiones más inquietantes incluso que las intuidas en un primer momento.

Y la primera de esas conclusiones es la evidencia de que la "vieja" sedición y el "nuevo" delito no castigan los mismos hechos. Como explica hoy EL ESPAÑOL, ni siquiera los propios jueces se ponen de acuerdo sobre cuáles serán las consecuencias de la concesión de Pedro Sánchez a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo. 

Algunos de esos jueces creen que los hechos de 2017 condenados por el Tribunal Supremo en su momento (recordemos: el "alzamiento tumultuario alentado por los acusados" para convertir en "papel mojado" las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) encajarán en el nuevo tipo penal de "desórdenes públicos agravados". 

Pero el problema, como afirman otros jueces, es que el propio Supremo determinó en su sentencia que los hechos de 2017 no fueron una simple "manifestación o acto masivo de propuesta ciudadana", por lo que resultará difícil subsumir los actos de Junqueras, Puigdemont y el resto de líderes del procés en el nuevo tipo penal.

En su interpretación más extrema, los delitos del procés podrían llegar a ser considerados no punibles de acuerdo al nuevo Código Penal, a expensas de lo que ocurra con el delito de malversación, que ERC también pretende "reformar" con el objetivo de que los condenados no devuelvan el dinero malversado. 

Pero más allá de cuáles sean las consecuencias jurídicas de la eliminación de la sedición, que convertirá a España en el único país de la UE que no castiga ese tipo de delito (sea con ese nombre o con otro), están las conclusiones políticas. 

La comparecencia frente a la prensa de Alberto Núñez Feijóo ayer viernes por la tarde no deja espacio para la duda. Según el líder del PP, la reforma de la sedición, destinada a beneficiar a aquellos que buscan la ruptura del orden constitucional y la quiebra de la convivencia en nuestro país, es impropia de un líder democrático. "A estas alturas, Pedro Sánchez no tiene límites".

"O se está con los condenados o con la legalidad democrática" añadió Feijóo, dejando así la pelota en el tejado de los líderes socialistas que, con su silencio o su inacción, permitirán que Sánchez lleve a cabo sus planes. 

Ni siquiera el propio Gobierno esconde que la concesión a los separatistas condenados por la Justicia tendrá un coste electoral. Pero las consecuencias serán mucho más profundas que ese castigo en las urnas que se espera que sufran los barones autonómicos del PSOE el próximo mes de mayo. 

Las consecuencias alcanzan al escenario político español de tres formas infinitamente más graves. 

En primer lugar, queda abortada cualquier posibilidad de pacto de Estado entre el PP y el PSOE de Pedro Sánchez, lo que aboca al presidente del Gobierno a un enfrentamiento total con Feijóo en las urnas del que sólo saldrá políticamente "vivo" uno de los dos. 

En segundo lugar, Feijóo consolida su hegemonía en el centro demoscópico por el abandono de ese espacio por parte de un PSOE que ha decidido atarse al mástil de sus pactos con ERC, Unidas Podemos, EH Bildu y tantos otros partidos situados en los extremos del arco político. Si ese barco se hunde, se llevará con él a Sánchez. 

En tercer lugar, Sánchez ha condenado a los españoles a una política 'bibloquista' que, como un clon deficiente del viejo bipartidismo, divide el espacio político español en dos bloques radicalmente incompatibles. Uno formado por el propio PSOE con sus socios de la moción de censura, la llamada mayoría Frankenstein. El otro, formado por el PP con Ciudadanos, Vox y algunos pequeños partidos regionales del centroderecha liberal.

Las consecuencias del cambio estructural que eso supone, tanto en la organización territorial del Estado como en los necesarios pactos entre las dos fuerzas mayoritarias del escenario político nacional, están por ver.

Pero lo que parece ya evidente es que este Gobierno ha emprendido un camino que parece conducir a una reforma del actual orden constitucional por la vía de la osmosis y de una política de hechos consumados que esquiva una y otra vez los controles que la Constitución y las leyes prevén. Este diario está convencido de que los españoles no seguirán a Sánchez por ese camino.