El Senado volvió a cruzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y sirvió para confirmar que no hay posibilidad de encuentro: reservan todas sus fuerzas para las elecciones del próximo año. Además, el Gobierno cede frente a EH Bildu y retirará a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra a cambio de su sí a los Presupuestos. Por último, el Ministerio de Igualdad confía en que la Fiscalía salve una ley de 'sí es sí' con resultados muy distintos a los deseados por sus autores.
Alberto Núñez Feijóo.
El no-debate de Sánchez y Feijóo
Los encuentros entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado han perdido interés una vez constatado que no existe voluntad de consensos o de debate, y que la mirada de ambos está depositada en las próximas elecciones generales. Esto se hace particularmente preocupante en el presidente del Gobierno, decidido a exprimir el músculo del Estado para hacer campaña con medidas más destinadas a copar titulares que a solucionar los problemas de los españoles.
A lo que no estuvo dispuesto Sánchez es a responder a las oportunas preguntas del líder de la oposición sobre su postura en cuatro puntos clave.
Uno, la supresión del delito de sedición para satisfacer la demanda de sus socios de legislatura.
Dos, el incumplimiento de la promesa electoral por la que se comprometió a tipificar la convocatoria de referendos ilegales en el Código Penal.
Tres, la intención de seguir con el delito de malversación la senda del delito de sedición.
Y cuatro, las consecuencias de la torpemente redactada ley del 'sí es sí', que está permitiendo sacar a la calle y reducir las condenas de decenas de agresores sexuales en España.
La escapatoria de Sánchez rozó el absurdo con acusaciones de extremismo a Feijóo, que se limitó a enumerar hechos consumados y a plantear dudas comunes a la mayoría de españoles. También con el reproche al Partido Popular por votar contra el divorcio. Una ley de 1981. Ocho años antes de la fundación del PP.
Un control de tráfico de la Guardia Civil.
Ni la Guardia Civil es una línea roja para el Gobierno
Ya no sorprende que el Gobierno de España siga erosionando las instituciones por intereses puntuales y al precio que sea necesario. Tampoco que termine por suceder lo contrario a lo prometido por el presidente o por alguno de sus ministros, como Fernando Grande-Marlaska.
Pero que no cause sorpresa no quita razones para la indignación.
El último ejemplo de ello afecta a la Guardia Civil (a petición de EH Bildu). Porque el acuerdo con los independentistas para que voten a favor de los Presupuestos es la retirada de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la Benemérita en Navarra.
Los últimos movimientos de Pedro Sánchez conducen a pensar que los intereses nacionales están muy lejos de coincidir con los del presidente. Después de llevar al Parlamento la supresión del derecho de sedición para favorecer a los autores del golpe a la democracia de 2017, castiga a petición del partido de Arnaldo Otegi a un cuerpo policial que pagó con sangre su entrega a la lucha contra el terror nacionalista.
Parece muy probable que esta medida no sea tan popular entre la mayoría navarra como entre los diputados de EH Bildu. Desde luego, erosiona la presencia del Estado en la comunidad y lanza un mensaje claro al resto de los españoles sobre las líneas rojas de este Gobierno. No existen.
Irene Montero.
Salida en falso de Irene Montero
El Ministerio de Igualdad buscó las rendijas que permitan salvar el dislate de la conocida como ley del 'sí es sí', gracias a la cual algunos delincuentes sexuales están saliendo a la calle o viendo reducidas sus condenas. La cartera de Irene Montero pudo evitar esta situación de haber seguido las sugerencias del Poder Judicial o de distintas asociaciones jurídicas feministas. Pero no lo hizo.
El precio para las víctimas es evidente y, a medio plazo, políticamente letal para Unidas Podemos. El PSOE, en cambio, ha marcado distancias con una reforma penal que también le pertenece.
La rendija que ha encontrado el Gobierno es la Fiscalía General del Estado, que ha avalado la no rebaja de las condenas en un caso muy determinado: cuando las penas impuestas a los reos entren dentro de la horquilla definida en la nueva ley.
Pero no servirá para subsanar la salida en falso de Montero. El decreto del fiscal general encontró en Zaragoza su primer revés. Los jueces de Zaragoza mantendrán un principio esencial de la legislación española e impondrán la pena más favorable al procesado. Lo que urge no es rescatar a una ministra que debe dimitir cuando antes, sino revisar el desaguisado promovido por su sectarismo y evitar que las víctimas sexuales vean a sus agresores beneficiados por la irresponsabilidad política.
*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.