Hay movimientos políticos cuya motivación resulta evidente para cualquiera. Bien porque su puesta en escena no deja lugar a la duda, bien porque medios como este informan puntualmente de las transacciones que se dan entre bastidores.

Tal es el caso de la derogación del delito de sedición, consumado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. A nadie se le escapaba que la eliminación de esta figura del Código Penal respondía a una modificación ad hoc del mismo por parte del Gobierno para beneficiar a los responsables del procés. Y para granjearse, de este modo, el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Ayer, el portavoz de esta formación en el Congreso, Gabriel Rufián, reconoció que su partido hizo valer su voto al proyecto de los PGE como "palanca de fuerza" para presionar al Gobierno y obtener de él la reforma de la sedición. Rufián ha puesto así negro sobre blanco la relación causa-efecto entre la supresión de este tipo delictivo y el respaldo de ERC a los Presupuestos. Una relación que el Ejecutivo sigue negando. Pero el argumentario movilizado por Pedro Sánchez, planteándola como un viejo compromiso del PSOE para una "homologación" de nuestro Código Penal con el del resto de democracias europeas, ya no puede tener ninguna credibilidad.

Por su parte, también Pablo Echenique enunció un hecho que, pese a resultar obvio para cualquier ciudadano, al ser explicitado compromete el artefacto retórico que el Gobierno emplea para justificarlo. El portavoz de Unidas Podemos ironizó sobre la elección de Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional, con el que en su día su formación mantuvo un agrio enfrentamiento después de que Campo tumbara el borrador inicial de la ley del 'solo sí es sí'. De ahí que manifestase que "es evidente que ha hecho un muy buen trabajo porque ha sido premiado yendo al TC".

Aunque con un tinte sarcástico, Echenique pone de relieve que el Ejecutivo ha hecho un nombramiento político y politizado para el alto tribunal. No hay otra forma de interpretar la designación para el TC de un exministro de Justicia y de una exsubordinada de Félix Bolaños. Porque no se trata solo de que la idoneidad política de los nombramientos sea muy cuestionable, por su vinculación tan reciente y directa con Moncloa. La estética de esta elección es aún más cuestionable si se atiende a que Campo elaboró la fórmula jurídica para indultar a los condenados por el proceso separatista catalán. Y a que la segunda de las designaciones, Laura Díez, asesoró el Estatut declarado parcialmente inconstitucional y avaló las leyes de ERC que marginan el español en las escuelas catalanas. 

Con sus sinceros reconocimientos, Rufián y Echenique están actuando como portavoces de Pedro Sánchez. Porque, aunque formalmente no lo sean, son quienes están contando la verdad que explica el proceder del Ejecutivo. Y al enunciar esa verdad, ponen en evidencia al presidente.

A esta portavocía oficiosa ya han contribuido otros socios de Sánchez como Arnaldo Otegi, cuando se jactó de la "gran paradoja" que supone que no pueda haber Gobierno en España "si los que nos queremos marchar de España no lo sostenemos". O como la diputada de ERC Carolina Telechea, que en el pleno en el que se votaban las enmiendas a la totalidad a la sedición reconoció que "no nos conformamos con nada que no sea la amnistía".

Cabe preguntarse si Rufián también está ejerciendo de portavoz de Sánchez cuando habla de las conversaciones entre ERC y el Gobierno para reformar el delito de malversación, una exigencia que los independentistas siempre han visto como parte de una misma negociación. Si algún día llega a aprobarse una nueva modificación del Código Penal que acabe beneficiando a los condenados por corrupción, la insolencia y la franqueza de los voceros informales de Sánchez hará difícil sostener cualquier ingenio argumental que busque tergiversar la verdad.