El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar, tras resistir las fuertes presiones del PSOE y de Unidas Podemos, la modificación exprés del sistema de elección de los magistrados del propio TC a la que aspiraba el Gobierno.

Lo ha hecho a petición del PP, tras rechazar la recusación de dos miembros del tribunal, uno de ellos el presidente Pedro González-Trevijano, y reconociendo que los derechos de los diputados de la minoría se han visto vulnerados por la forma escogida por el Ejecutivo para vehicular esa reforma: una enmienda anexa a una proposición de ley que nada tenía que ver con el proceso de renovación de los cargos del TC. 

Las consecuencias jurídicas de la decisión son claras. El Senado deberá ahora paralizar la tramitación de dichas enmiendas. Una situación inédita en 44 años de democracia, como inédita era la voluntad del Gobierno de tramitar una reforma de este calado por un procedimiento que laminaba el derecho de los ciudadanos españoles a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes. 

La resolución del TC obedeció a la lógica más elemental en democracia. Esa que dice que el procedimiento escogido por el Gobierno para modificar la forma de elección de los magistrados del Constitucional, diseñado por Pedro Sánchez a medida de su agenda política, era inaceptable. Porque cuando la minoría pide amparo, invocando la propia doctrina del TC en relación con un proceso que sería prácticamente irreparable en caso de consumarse, lo adecuado es paralizar cautelarmente el trámite legislativo en marcha. 

El pleno del viernes comenzó con el rechazo de las recusaciones impulsadas por Unidas Podemos (a las que se sumó luego el PSOE) contra el presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Fracasó así la maniobra de la izquierda con la que esta pretendía no sólo paralizar el recurso del PP, sino también consolidar una mayoría progresista en un órgano cuya mayoría es ahora conservadora.

La reunión continuó con la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Popular y terminó con un desenlace jurídicamente razonable: la suspensión cautelarísima de la tramitación parlamentaria de la reforma. Algo que levanta un dique de contención ante la deriva iliberal de Sánchez y frena sus planes inmediatos: conseguir una mayoría leal a sus intereses en el TC cuando varias leyes estratégicas de este Gobierno, en brazos de socios antagónicos a los valores constitucionales, van a requerir del visto bueno del órgano.

La decisión del TC es irreprochable por un segundo motivo. Porque la acción del Parlamento, que en ningún caso está por encima de las leyes ni de la fiscalización de sus acciones por parte de los jueces y magistrados, debe ser acorde a la legalidad constitucional. Una legalidad que incluye el derecho de las minorías a debatir las iniciativas legislativas del Gobierno o de otros grupos parlamentarios. 

Y ese derecho no consiste únicamente en la posibilidad de ejercer el turno de palabra durante unos pocos minutos en el Congreso o en el Senado, sino en la de estudiar la propuesta legislativa en cuestión, presentar enmiendas y disponer de los informes preceptivos de los letrados del Parlamento y de órganos consultivos como el Consejo de Estado. Especialmente en el caso de una iniciativa de tanto calado como la de la reforma del sistema de elección de los magistrados. 

El Gobierno, más allá de los aspavientos y de las rasgaduras de vestiduras, tiene ahora una opción elemental a su alcance. Presentar un proyecto de ley que incluya ambas enmiendas. Porque lo que ayer juzgó el Tribunal Constitucional no es el dudoso fondo de esas enmiendas (eso queda para el futuro), sino su forma. 

La decisión generará polémica, especialmente entre los socios del Gobierno, cuyo compromiso con la legalidad constitucional es en el mejor de los casos incierta. Pero debería servirle al PSOE para constatar que las instituciones no le seguirán fácilmente por ese camino de cuestionamiento sistemático de la Constitución y de los procedimientos más elementales de nuestra arquitectura legislativa. 

Urge, en fin, un armisticio dialéctico, pero también de obra, entre PSOE y PP. Al primero le corresponde la tarea de 'despodemizarse' y de retornar a la senda del consenso constitucional. Al segundo, el facilitamiento de la renovación de los magistrados del TC y de los vocales del CGPJ cuyos mandatos han caducado. Sánchez y Feijóo deben emplearse a fondo en la defensa de las instituciones y del consenso constitucional, la clave de los 44 años más exitosos de la historia de España. Porque la alternativa es convertir España en pasto de populistas, radicales y extremistas.