Aunque el Gobierno ha claudicado y finalmente se avendrá a corregir la nefasta ley del solo sí es sí, se encuentra atascado en lo relativo a la fórmula que empleará para modificarla.

Por un lado, el ala socialista del Gobierno se enfrenta al bloqueo de Unidas Podemos, que se opone a volver a distinguir entre abuso sexual y agresión sexual. Ayer, Irene Montero se reafirmó en su defensa de su norma estrella, y aseguró que van a "proteger el corazón de la ley". Con la dificultad añadida de que la condición que puso Igualdad para aceptar un cambio en la norma es ser ellas las que lo piloten.

Por otro lado, y según ha podido saber EL ESPAÑOL, las propuestas que los ministerios de Justicia e Igualdad han remitido al Gobierno para corregir la ley no han conseguido convencer a Moncloa.

Apremiado por la urgencia de aplacar el coste electoral que previsiblemente supondrá la rebaja de penas a 270 agresores sexuales y violadores, el Ejecutivo está tratando erráticamente de solventar las dificultades técnicas aparejadas a la rectificación del sí es sí.

La fuerza mayoritaria del Gobierno, tal y como ha informado este periódico, lleva estudiando soluciones para el goteo de delincuentes sexuales beneficiados desde que se conocieron las primeras revisiones de condena.

La posición de Pedro Sánchez, que ha protegido hasta ahora a Irene Montero e Ione Belarra dando la orden de rechazar la posibilidad de retocar la ley, se ha vuelto insostenible. Sobre todo después de que no haya servido para nada ni esperar a que el Tribunal Supremo unificase doctrina, ni que la Fiscalía General del Estado dictara una instrucción para no rebajar condenas, ni que Igualdad introdujese una inútil enmienda en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal.

Pero de nada servirá tampoco la cesión de Sánchez si la parte morada del Ejecutivo se sigue ufanando de su chapucera ley, oponiéndose a volver al "calvario probatorio" para las víctimas que, a su juicio, imponía la legislación anterior.

Volver a diferenciar agresión de abuso supondría, en esencia, retroceder a la norma anterior, promovida por el Partido Popular. Y es precisamente a esto a lo que se niega en redondo Montero.

Por eso, solo el apoyo del PP puede desbloquear esta situación. El principal partido de la oposición, de hecho, ya se ha ofrecido a poner a disposición del Gobierno a sus diputados para que la corrección de la ley del sí es sí pueda producirse cuanto antes.

Sánchez debe recoger el guante de Borja Sémper, que ayer tendió la mano al PSOE para rectificar la norma con la mayor brevedad posible. De otro modo, si los retoques se tramitasen como proyecto de ley, se necesitaría un dilatado proceso parlamentario que la incesante salida de violadores a la calle hace que el Gobierno no pueda permitirse.

El presidente demostraría la credibilidad de su compromiso de proteger la libertad de las mujeres si acepta el respaldo de la oposición en el Congreso para corregir la ley.

Si el PSOE es capaz de vencer los vetos políticos y acordar un pacto de Estado con el PP, sería posible rectificar la norma en cuestión de horas. Porque no se puede olvidar que no estamos ante un asunto ideológico, sino ante la necesidad impostergable de resolver un problema real que está causando muchísimo sufrimiento.