La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que este martes le dio la razón al juez Pablo Llarena y se la negó a los jueces belgas respecto a la extradición de los prófugos del procés tendrá consecuencias de calado en el escenario político español.

La sentencia invalida los argumentos esgrimidos por los tribunales belgas para negar la extradición del exconsejero Lluís Puig y es la antesala de su aplicación al resto de los fugados: Clara Ponsatí, Antoni Comín y, sobre todo, Carles Puigdemont, que sigue fingiéndose "legítimo presidente de la república catalana en el exilio". 

Lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es validar los argumentos de la cuestión judicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en 2021 en el sentido de que de los tribunales europeos no pueden denegar la ejecución de una orden de extradición basándose en la idea de que el prófugo "podría" ser enjuiciado por un órgano jurisdiccional carente de competencia. 

La sentencia supone una victoria para Pablo Llarena y una derrota para aquellos en el independentismo, pero también entre la izquierda populista, que durante estos dos últimos años han vendido el relato de que "Europa" denegaba los requerimientos de la Justicia española por sus presuntas carencias democráticas. ¿Qué dirán ahora que el máximo tribunal de la UE ha dado finalmente la razón al Tribunal Supremo?

Quizá habría sido de agradecer una acción más decidida por parte del Gobierno español, tanto con el PP como con el PSOE al frente, para desmontar el relato independentista en Europa y dejar claro que lo ocurrido en Cataluña en 2017 no fue un "sano ejercicio de democracia popular" sino un golpe de Estado contra el orden democrático ejecutado por funcionarios regionales en defensa de un nacionalismo tan xenófobo como trasnochado. 

Pero aunque esa dejadez haya obligado a la Justicia española a recorrer el camino más largo hasta la meta, lo cierto es que la entrega de Carles Puigdemont y el resto de prófugos está hoy mucho más cerca de cumplirse. Y la pregunta es qué ocurrirá ahora con Carles Puigdemont una vez que el delito de sedición ha sido eliminado del Código Penal por el Gobierno y sustituido por uno de desórdenes públicos agravados.

La clave, paradójicamente, está en el delito de malversación, también modificado por el Gobierno con el objetivo de reducir el tiempo de inhabilitación de los líderes del procés condenados por el Supremo y facilitar su vuelta a la política. 

Porque, como explicaba ayer el catedrático emérito de Derecho penal Enrique Gimbernat en EL ESPAÑOL, tanto Puigdemont como Comín como Puig deberán responder por un delito de malversación agravada en concurso con desórdenes públicos, lo que comportará una pena de entre ocho a doce años de prisión e inhabilitación de entre diez y veinte años. Algo que implicará su ingreso en prisión a la espera de un hipotético indulto que, de ser el PP el ganador de las elecciones, quizá no llegue nunca. 

Dicho de otra manera. Tiene razón Junts cuando se queja de que la reforma de la malversación pactada por ERC con el Gobierno de PSOE y Podemos es inane. A los condenados por malversación en concurso con sedición, Oriol Junqueras entre ellos, la reforma no les beneficia en nada puesto que la malversación agravada, de la que siguen siendo responsables, continúa penada con entre diez y veinte años de inhabilitación. 

Y a Puigdemont y el resto de los fugados la reforma de la malversación diseñada por el Gobierno tampoco les facilitará una condena en su tipo menos grave porque, como en el caso de Junqueras, el desvío de fondos públicos, aunque no se produjera en dirección a su bolsillo en sentido estricto, sí tuvo como objetivo un fin ilegal e impidió que la Administración atendiera objetivos legítimos en el ejercicio de sus competencias legales.

Porque la clave no está en el hecho de que el dinero engrosara o no el patrimonio personal de los líderes del procés. Como explica Gimbernat en su artículo, "el ánimo de lucro en sentido juridicopenal no significa ánimo de enriquecerse, sino de apropiarse de una cosa para disponer de ella como si se fuera su propietario". 

De nuevo, como en el caso de la ley del 'sí es sí', las prisas por comprar el apoyo de un socio han conducido al Ejecutivo a una reforma chapucera que no tendrá como resultado el previsto inicialmente, sino uno contraproducente para sus intereses. La pregunta es cuántos golpes más contra el muro de la realidad serán necesarios para que el Gobierno abandone las improvisaciones tacticistas y actúe con sentido institucional.