La candidatura de Reyes Maroto y Carolina Darias a las alcaldías de Madrid y Las Palmas, respectivamente, ha obligado a Pedro Sánchez a remodelar su Ejecutivo. Se esperaba que esta crisis de Gobierno fuera "quirúrgica", un mero traspaso de carteras para cubrir las vacantes de las ministras salientes. Y así ha sido.

El presidente ha anunciado este lunes que el nuevo ministro de Industria será Héctor Gómez Hernández, hasta ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El Ministerio de Sanidad, por su parte, recae en José Manuel Miñones, actual delegado del Gobierno en Galicia.

Pocas semanas después de que el presidente anunciara una ley de paridad que impondrá la representación igualitaria de ambos sexos en los puestos políticos, los nuevos nombramientos reducen la presencia de ministras en el Gobierno, al sustituir a dos mujeres por dos hombres. Aunque las mujeres seguirán siendo mayoría en el Ejecutivo de Sánchez.

Y es que a la ahora de designar a los sustitutos han pesado más las consideraciones orgánicas e internas, con dos perfiles más políticos que técnicos, y esencialmente continuistas. Dos nombres de perfil bajo elegidos en clave territorial, con Gómez cubriendo la cuota canaria de Darias, y aupando a Miñones a la primera línea con la vista puesta en el futuro del PSOE en Galicia.

Pero los cambios de Sánchez se explican ante todo en clave partidista. Miñones fue uno de los pocos del PSdeG-PSOE que dio la cara por Sánchez durante las primarias contra Susana Díaz. Y en cuanto al nuevo ministro de Industria, se trata de haber premiado la resignación con la que acató su degradación el pasado julio, convirtiéndose en el último de los caídos y resucitados por Sánchez.

Hay que recordar que Héctor Gómez ocupó durante un año la portavocía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Y para muchos resultó desconcertante que fuera cesado después de tan poco tiempo, y habiendo desempeñado el cargo con solvencia. Tal vez fuera demasiado comedido para la comunicación beligerante que Sánchez quería darle al Grupo Parlamentario Socialista cuando reemplazó a Gómez por Patxi López.

Una estrategia esta habitual en su gestión de recursos humanos, que ha tendido a recuperar y rehabilitar a antiguos adversarios de su partido como Óscar López, Antonio Hernando, Isabel Rodríguez, Pilar Alegría o el propio Patxi López.

Curiosamente, y a la inversa, todos los fieles que le ayudaron a llegar a la Secretaría General del PSOE y luego a la Moncloa, como José Luis Ábalos, Carmen Calvo o Adriana Lastra, han ido cayendo. 

En cualquier caso, y aunque se daba por hecho que Sánchez no iba a romper la coalición, la crisis de Gobierno que los ciudadanos realmente esperaban era la sustitución de Irene Montero e Ione Belarra.

Porque el cupo populista del Ejecutivo sólo ha traído a la vida pública española discordia e incompetencia, especialmente después del fiasco de la ley del sí es sí y su numantina oposición a reformarla.

El sector radical representado por Montero y Belarra también ha contribuido a dañar la imagen de España en Europa. Como publica hoy este periódico, la Comisión Europea ha pedido al CGPJ un informe sobre los ataques a jueces por parte de la ministra de Igualdad.

Sobran los motivos, en fin, para cesar a estas dos ministras. Como también para haber destituido en este intercambio de carteras a Fernando Grande-Marlaska, cercado por sus insatisfactorias explicaciones sobre la represión del asalto a la valla de Melilla, el acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco o la extraña dimisión de la directora general de la Guardia Civil.

No obstante, los tres seguirán en sus puestos en los nueve meses que restan de legislatura. Sánchez ha dejado pasar así su última oportunidad para acometer una auténtica y profunda remodelación del Gobierno que le permitiese encarar el nuevo ciclo electoral con mayor credibilidad y limpieza.