Tras un tenso pleno en el Parlamento andaluz, con bochornoso show incluido de Adelante Andalucía, el PP y Vox han dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. El texto propone regularizar unas 800 hectáreas de regadíos en el entorno de este importante humedal, que quedaron fuera del Plan Especial de Ordenación de Regadíos.

La furibunda reacción de la vicepresidenta Teresa Ribera elevó la polémica por el plan para Doñana de Juanma Moreno a escala nacional. En un tono impropio de una ministra del Gobierno de España, que no puede polemizar con un presidente autonómico acusándole de "señorito" irresponsable, Ribera ha anunciado que el Ejecutivo interpondrá un recurso suspensivo contra la norma en el Tribunal Constitucional.

La Comisión Europea, por su parte, ha advertido que, de prosperar la tramitación, considerará la imposición de multas. Porque se estaría produciendo un desacato de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua.

Pero Juanma Moreno va a aguantar el pulso del Gobierno y llevará la ley hasta el final. Se abre así un nuevo choque institucional entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Y una nueva guerra del agua a menos de cincuenta días de las elecciones municipales y autonómicas.

Y es que la proximidad del 28-M ha desempolvado un problema que viene de atrás. Por eso, no le falta razón al presidente andaluz cuando le reprocha al gobierno socialista la hipocresía de su rechazo frontal a la recalificación del suelo agrícola regable.

Porque es cierto que una parte del agua con la que se riegan los cultivos de la corona norte de Doñana se extrae de pozos ilegales. Pero no es menos cierto que el PSOE permitió que se explotaran irregularmente los acuíferos durante años cuando gobernó la Junta de Andalucía.

Aunque frenó la expansión de las explotaciones en 2014, la Junta socialista había regularizado 9.000 hectáreas antes del año 2004 y había mantenido en ellas la actividad agrícola.

También cabe recordar que el PSOE andaluz no votó en contra, como ayer, sino que se abstuvo cuando esta misma propuesta fue presentada como proposición no de ley hace un año.

PP y Vox quieren ahora dar una solución a los agricultores y regantes de la zona, que ya protestaron al gobierno de Susana Díaz después de que el Plan de la Fresa de 2014 dejase fuera a multitud de pequeñas explotaciones familiares.

El desafío que han lanzado PP y Vox al Gobierno central y a la Comisión Europea busca, precisamente, atender a las reclamaciones de los campesinos onubenses, de una zona tradicionalmente de voto socialista dedicada sobre todo al cultivo de fresas y frutos rojos. 

Una de esas reclamaciones son los regadíos de agua en superficie. De hecho, el gobierno andaluz se ha defendido de las acusaciones de Ribera argumentando que la ampliación de regadíos en ningún caso afectará al acuífero de Doñana, sino que se limita a conceder el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial.

El problema es que esa agua superficial tendría que llegar a través del trasvase del Odiel-Tinto-Piedra. Pero esa obra hídrica es competencia del Estado. Y con la llegada a la Moncloa de la coalición PSOE-Podemos, se paralizó el trasvase.

Es irresponsable plantear un dilema entre la ecología y la economía. El equilibrio es complicado, pero es posible salvar al mismo tiempo los miles de empleos que generan los frutos rojos y el Parque de Doñana.

Sin embargo, y al igual que ha sucedido con trasvases como el del Tajo-Segura o el del Ebro, este Gobierno se opone categórica e irracionalmente a cualquier iniciativa que implique un movimiento de aguas. Con una posición análoga a la que mantiene con la energía nuclear, el dogmatismo ecologista de Ribera rechaza servirse de una infraestructura hídrica que podría abastecer a los campesinos sin necesidad de seguir drenando el humedal.

De ahí que Juanma Moreno haya querido dejar la pelota en el tejado del gobierno central. Y retratar así el sectarismo por el cual Sánchez y sus socios se resisten a acometer un puñado de obras que arreglarían al problema.

Pero ni la Junta ni el Gobierno deben ideologizar, politizar o instrumentalizar electoralmente cuestiones que son de sentido común. Por eso, se hace cada vez más urgente un plan nacional de gestión de los recursos hídricos.

En lugar de atender a consideraciones demoscópicas, los dos grandes partidos deben alcanzar un gran pacto del agua que sea capaz de gestionar la escasez creciente con un mejor régimen de reparto, y sin que se produzcan conflictos periódicos entre las Administraciones y las regiones. 

Porque es evidente que cuando la mitad de las lagunas de Doñana han desaparecido víctimas de la sobreexplotación (con el correspondiente impacto sobre el ecosistema y la biodiversidad), no se puede autorizar la extracción de una sola gota más del parque. Y las explotaciones irregulares deben ser perseguidas.

Pero sólo será posible armonizar la protección de Doñana con la de la importante actividad económica de la zona mediante trasvases y otras obras hídricas. Y eso es justamente lo que debe quedar regulado en un plan hidrológico nacional.