Desde el cara a cara de la semana pasada, el PSOE ha impreso a su campaña electoral un cambio de rumbo consistente en acusar a Alberto Núñez Feijóo de mentir de forma reiterada, para intentar invertir la percepción de Pedro Sánchez como un presidente deshonesto.

Por eso la izquierda no ha dejado pasar la oportunidad de atacar a Feijóo después de que el presidente popular afirmase erróneamente este lunes en La Hora de La 1 que "nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC".

Feijóo ha estado desacertado al mostrarse tan seguro de que, contrariamente a lo que le espetó Silvia Intxaurrondo, el PP también indexó las pensiones a la inflación en 2012, 2013 y 2017. Pero lo máximo que cabe imputarle es que estaba en un error, porque sinceramente creía que esto había sido así.

La prueba es que Feijóo no tuvo problema en rectificar poco después, reconociendo que si bien el PP subió las pensiones todos los años, no en todos lo hizo con el IPC, por lo que efectivamente los pensionistas perdieron poder adquisitivo durante la etapa Rajoy.

Sí es cierta, en cambio, la afirmación que realmente quería enfatizar el líder del PP. A saber, que el único partido que congeló las pensiones fue el PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la Transición, las pensiones estuvieron blindadas por un pacto no escrito de caballeros. Para no generar inquietud entre un sector vulnerable de la población, las fuerzas políticas se comprometieron de forma no escrita a no utilizar las prestaciones por jubilación como arma partidista.

Fue Felipe González quien rompió con esta trayectoria pactista, instrumentalizando políticamente la seguridad social para atacar a José María Aznar. Con los acuerdos del Pacto de Toledo, rubricados por todo el arco parlamentario en 1995, se volvió al consenso para estudiar de manera conjunta las reformas necesarias para asegurar el futuro de la jubilación en España.

Pero con los bandazos que dio el PP a cuenta de la introducción del factor de sostenibilidad con su reforma de 2013, y con la reforma de las pensiones con la que José Luis Escrivá indexó su subida al IPC, se abandonó de nuevo el espíritu del Pacto de Toledo, encaminado a sacar al sistema de pensiones del conflicto partidista ordinario.

Sólo quedaba que Feijóo metiera la pata como este lunes para que la seguridad social volviese a convertirse en un elemento de inestabilidad y de lucha política. La izquierda ha optado por agarrarse a la demagogia y alertar de que la derecha va a bajar las pensiones, con el objetivo de meter miedo a las pensionistas. Sólo así se entienden las palabras con las que Yolanda Díaz ha replicado al lapsus de Feijóo, hablando del "programa oculto del PP" para "recortarlas y subir la edad de jubilación a 70 años".

En cualquier caso, se puede debatir si indexar al IPC las pensiones indiscriminadamente, y no revalorizar en mayor medida sólo las más vulnerables, es la política más deseable. Además, no toda la carga de la financiación del sistema puede provenir del aumento de las cotizaciones sociales a los empresarios, lastrando el desarrollo económico para proteger unas pensiones que, además, son muy generosas en su tramo más alto. Tampoco se puede hacer descansar sobre la espalda de los jóvenes la carga de sufragar todo el sistema de retiro, hipotecando su futuro y condenándolos a un nivel de vida peor que el de sus antecesores.

El envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida obligan a huir de soluciones electoralistas, recetas mágicas e improvisaciones demagógicas que, además de dañar el mercado laboral, ni siquiera resuelven el problema a largo plazo.

Sigue siendo urgente un debate serio entre los dos grandes partidos que evalúe las reformas necesarias para hacer viable el sistema público de pensiones. Y un plan de Estado para garantizar la sostenibilidad de uno de los principales pilares del Estado de bienestar. Lo primero es sacarlas de la campaña electoral.