El incendio en la discoteca Fonda Milagros en la madrugada del domingo, que ha dejado trece muertos y tres desaparecidos por el momento, es ya el peor acaecido en uno de estos locales desde 1990, y la mayor tragedia de estas características en la historia de la Región de Murcia.

Se sospecha, según ha podido saber este periódico, que el desastre en el cumpleaños del repartidor nicaragüense de 30 años pudo haberse originado en un cortocircuito de un foco. Aunque los daños en la estructura y las altas temperaturas del edificio, que también han complicado las labores de extinción y rescate, han impedido la entrada de la Policía Científica, por lo que se demorará durante semanas o incluso meses la investigación.

Pero determinar las causas del incendio es una cosa distinta a esclarecer el porqué de las muertes. Porque un cortocircuito no conduce necesariamente a una catástrofe de semejante magnitud. Y tampoco debería.

Desgraciadamente, son muchos los precedentes en los que detrás de un siniestro en locales de ocio se encuentra un deficiente sistema de salidas de emergencia, ventilación, extracción de humos o rociadores de agua.

Además, muchos negocios tienen licencias anteriores a la normativa de 2007 que estableció la obligatoriedad de dotarse de un plan de autoprotección. Y por tanto no siempre cumplen con los estándares de seguridad.

Algunos de los familiares de los presentes contaron a EL ESPAÑOL que La Fonda era un local muy estrecho y pequeño en el que se estaba apretado. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se han negado a facilitar información sobre el aforo de la discoteca, y sobre si contaba con salidas de emergencia.

Resulta incomprensible el secretismo con el que el alcalde de Murcia ha envuelto las circunstancias del suceso, resistiéndose a contestar preguntas tan básicas como las que le ha formulado este periódico. 

Y más cuando genera desconcierto la sucesión de los hechos. Porque los supervivientes creyeron, cuando fueron evacuados por el personal de la discoteca, que la situación estaba controlada, aunque el edificio empezó a ser consumido por las llamas poco después.

Por eso, es importante averiguar si el establecimiento contaba con un protocolo de desalojo apropiado. Y si la Administración competente había velado por el cumplimiento de la normativa de seguridad mediante las inspecciones oportunas.

Por eso, es importante que las autoridades lleguen hasta el final en la depuración de responsabilidades, en el caso de de que la tragedia hubiera podido deberse a alguna negligencia, privada o pública. No puede olvidarse que la sala Teatre, colindante con La Fonda, ya sufrió un incendio en 2009.

De momento, la instrucción judicial del siniestro ha emprendido acciones penales contra la discoteca. Y el alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento va a personarse en el procedimiento y que ha solicitado información administrativa sobre los locales.

Hay que tomarle la palabra en su compromiso de "ejercer todas las actuaciones sin reserva y que cualquier persona dará cuenta ante la Justicia, en el caso de que sea necesario", este domingo en rueda de prensa.

A mayores, la legislación debe revisarse y hacerse más estricta, teniendo en cuenta que se trata de espacios donde además se consumen alcohol y drogas. Han de reforzarse también los controles para que los locales no puedan permitirse descuidar las inversiones en protocolos de seguridad.