La entrevista que Antonio Tejero ha dado a EL ESPAÑOL, la primera que el ex teniente coronel de la Guardia Civil concede desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha provocado un pequeño seísmo en el escenario político español y abierto una ventana de oportunidad que Sumar y otros socios parlamentarios del Gobierno han aprovechado para presionar a Pedro Sánchez durante las negociaciones por la investidura.

Tejero acusa al rey Juan Carlos I en la entrevista de haber negociado con el general Alfonso Armada un gobierno de concentración con distintas personalidades de izquierdas en puestos clave. Aquello habría convencido a Tejero, siempre de acuerdo con su versión de los hechos, de "joder vivo al rey" y poner punto final al golpe. 

La acusación de que el rey emérito formó parte desde el principio de una conspiración contra la democracia (Tejero habría sido sólo el "tonto útil" que se necesitaba para ejecutar el golpe en la práctica) ha servido a Sumar como argumento para presentar este lunes una pregunta parlamentaria al Gobierno en funciones. En ella, el partido de Yolanda Díaz exige conocer "los secretos" del golpe del 23-F de 1981.

EH Bildu, ERC y BNG han presentado por su parte una proposición no de ley para "desclasificar toda la información y documentación relativa al golpe de Estado del 23-F tras las recientes declaraciones de Antonio Tejero". 

"¿Tiene constancia el Gobierno de España de la participación del rey emérito Juan Carlos I en el golpe de Estado de 1981? En caso de no ser así: ¿No cree el gobierno que para eliminar cualquier duda sobre la implicación de la monarquía ha llegado el momento de hacer accesible y pública toda la documentación oficial del golpe del 23F?", reza la pregunta que Sumar ha realizado a través de un diputado de Compromís.

La nueva ofensiva contra la Corona (porque ese es el verdadero objetivo de esta resucitación del golpe de Estado del 23-F) llega en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez: en medio de las negociaciones para su investidura, cuando arrecian las críticas por su papel tras los atentados palestinos del 7 de octubre, y cuando faltan sólo unos días para que la infanta cumpla la mayoría de edad y jure la Constitución.

La ofensiva parece tener también un segundo objetivo. Desviar la atención lejos de la amnistía a los cabecillas de un golpe de Estado mucho más reciente, el de septiembre y octubre de 2017. Golpe ejecutado, precisamente, por los líderes de dos de los partidos cuyo apoyo busca hoy el presidente del Gobierno en funciones. No para boicotear ese pacto, sino, precisamente, para cimentarlo utilizando la Corona como chivo expiatorio de un nuevo escándalo fabricado a partir de las palabras de Tejero.

Lo cierto es que las declaraciones de Tejero, cuya relevancia como testimonio histórico es innegable, no aportan ninguna prueba de la presunta implicación del rey en el golpe. Implicación que ha sido ya objeto de exhaustivo análisis por parte de los que siguen creyendo en una versión conspiranoica del golpe y cuyo objetivo no es desde luego conocer la realidad histórica de lo ocurrido, sino cimentar la idea de la Corona como una institución intrínsecamente antidemocrática. 

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, Pedro Sánchez hará caso omiso de la tensión generada por sus socios y atribuirá su iniciativa a su libertad de acción política, obviando que Sumar forma parte del Gobierno y que ERC, BNG y EH Bildu son sus socios parlamentarios estables. Pero sería de agradecer que los trampantojos propagandísticos de sus socios no desviaran la atención de los temas, verdaderamente relevantes, que tiene Sánchez entre las manos. Bastante más importantes todos ellos que las teorías conspiranoicas de un Tejero cuyo resentimiento sigue palpitando hoy en sus palabras.