No ha salido bien parado el Gobierno español del debate celebrado este miércoles en la Eurocámara sobre la Ley de Amnistía pactada con Junts y ERC. Si el objetivo de la jornada, en la mente del Ejecutivo español, era consagrar la idea de que el borrado de los delitos relacionados con el procés es un asunto interno español en el que la UE no puede ni debe entrar, el resultado sólo puede calificarse de fiasco.
Prueba de las dificultades que afrontó ayer, y que afrontará durante los próximos meses, el Gobierno español para defender la idea de que la amnistía es legal, legítima y acorde a los tratados de la UE es la mentira con la que la diputada socialista Iratxe García Pérez intentó este miércoles engañar a los diputados del Parlamento Europeo.
García Pérez afirmó en la Eurocámara que la amnistía no abarca los delitos de terrorismo leyendo a medias un fragmento de la propuesta de ley y "olvidando" convenientemente la redacción completa del artículo 2.C, que dice que sólo quedan fuera de su ámbito de aplicación los delitos de terrorismo "sobre los que haya recaído sentencia firme".
En la práctica, y dado que ninguno de esos delitos ha sido juzgado todavía, la Ley de Amnistía se aplicaría a todos los independentistas que están siendo investigados hoy por terrorismo. Incluido Carles Puigdemont. Y de ahí los nervios con los que el Gobierno está recibiendo las actuaciones del juez Manuel García-Castellón, que sitúan al expresidente de la Generalitat hoy huido de la Justicia en "el vértice" de Tsunami y que le acusan de vínculos con la "violencia extrema" de los CDR.
Una ley bajo vigilancia
Si algo quedó claro ayer, tras la intervención del comisario de Justicia Didier Reynders, es que la Comisión Europea no mirará a un lado. Tampoco interpretará la Ley de Amnistía como un "asunto interno" español.
La amnistía, muy al contrario, será analizada con lupa en la UE para determinar si se ajusta a los tratados y la legalidad europea. Y eso independientemente de que el Gobierno esté o no de acuerdo con esa fiscalización.
La Comisión analizará por tanto los elementos penales de la amnistía, y muy especialmente su posible aplicación a los delitos de terrorismo y malversación de fondos públicos, con los que la UE es especialmente estricta.
Estado de derecho roto
Prueba de que la preocupación por la amnistía es transversal en la UE es que de las 42 intervenciones de ayer, tanto de diputados de izquierdas como liberales y de derechas, sólo 15 fueron a favor de lo pactado entre PSOE y Junts, y 27, abiertamente en contra.
Nada le convenía menos al Gobierno español que los focos de la UE se centraran en la Ley de Amnistía después de una semana en la que algunos de los principales periódicos internacionales han expresado su preocupación por la calidad del Estado de derecho en España y la amenaza que supone el pacto entre el PSOE y los independentistas catalanes a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.
Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo, llegó de hecho a advertir a Sánchez de que pasará a la historia "por haber roto el Estado de derecho" en España.
Pero esas puertas, la de la internacionalización del debate sobre la amnistía y la de la preocupación internacional por el socavamiento del Poder Judicial en España, ya se ha abierto. Y los intentos del PSOE por cerrar esas puertas argumentando que la amnistía es un asunto estrictamente doméstico han fracasado por ahora.
Porque si algo le dijo ayer Europa a Pedro Sánchez es que no puede alegar un supuesto derecho a la "inviolabilidad del domicilio" cuando el "delito" es flagrante y se está ejecutando en tiempo real frente a los ojos de toda Europa.
