La derogación hace poco más de un año del delito de sedición generó un vacío en el Código Penal que deja inerme al Estado frente a alzamientos contra el orden constitucional como el llevado a cabo por el independentismo catalán en septiembre y octubre de 2017. 

La enmienda a la totalidad de la Ley de Amnistía que el PP registró ayer en el Congreso de los Diputados tiene el objetivo de taponar esa vía de agua introduciendo en el Código Penal un delito de "deslealtad constitucional".

La reforma incluye también en su artículo 547 la posibilidad de que esos delitos, cuando sean cometidos por una persona jurídica, es decir por un partido o una organización civil, sean penados con la disolución de la misma.

EL ESPAÑOL coincide con el PP en la necesidad de castigar hechos como los ocurridos en otoño de 2017 en Cataluña. La introducción de un delito de deslealtad constitucional, habitual por otra parte con una u otra denominación en otros ordenamientos jurídicos europeos, es una necesidad evidente en el actual escenario político español.

Más incluso si se tiene en cuenta que los propios partidos independentistas amenazan una y otra vez con "volverlo a hacer" si el Gobierno no cede a sus pretensiones.

Este diario no coincide sin embargo en la posibilidad de que esos delitos comporten la disolución de los partidos que "convoquen o realicen actos dirigidos a la convocatoria de un referéndum" o que realicen "actos preparatorios encaminados a la comisión de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo, y en particular la conspiración, provocación y proposición de estos".

EL ESPAÑOL defiende que el Código Penal castigue hechos delictivos cometidos por personas concretas, y especialmente aquellos que busquen la subversión del orden constitucional, el más grave que puede cometer un político o un cargo público.

Pero la legislación penal no debería disolver partidos políticos basándose en la militancia en ellos de esas personas concretas, porque eso equivaldría a castigar de forma general las ideas defendidas por los militantes de esa formación. 

Hecha esa salvedad, cabe recordar que fue el propio Pedro Sánchez el que durante un debate electoral en noviembre de 2019 anunció su intención de recuperar el delito de referéndum ilegal que José Luis Rodríguez Zapatero había derogado en 2005.

Posteriormente, sus necesidades parlamentarias le obligaron a desdecirse de lo prometido. Pero lo que ha hecho el PP no es más, en definitiva, que intentar cumplir lo que el presidente prometió a los españoles: rearmar al Estado frente a intentonas golpistas como la llevada a cabo por el independentismo catalán en 2017. 

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El Gobierno ha puesto en marcha una operación de agitprop contra el PP con la evidente intención de minimizar su responsabilidad por los pactos a los que ha llegado con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont.

Esa operación consiste en la acusación de que también Daniel Sirera, miembro del PP, se reunió con representantes de Junts durante las negociaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, una noticia adelantada por EL ESPAÑOL el pasado 5 de septiembre. 

La acusación es absurda. Porque lo relevante, y lo que este diario ha criticado en anteriores editoriales, no es el hecho de que el representante de un partido se reúna con representantes de otro.

Lo relevante, y lo criticable en su caso, son los pactos a los que lleguen esos partidos. Y el PP no llegó a ningún pacto con Junts ni con Carles Puigdemont. De hecho, dadas las exigencias de los independentistas, la posibilidad de que ese pacto se hubiera podido llegar a concretar con el PP eran nulas. 

Y la prueba es que el propio Pedro Sánchez se mofó de Feijóo cuando este afirmó, durante el debate de investidura del primero, que él también habría podido ser presidente si hubiera cedido a todas las pretensiones de Puigdemont.

Si la posibilidad de que el PP llegara a un pacto simultáneo con Vox y Junts le parecía tan risible al presidente entonces, ¿por qué denuncia ahora la reunión de los populares con los independentistas, si la posibilidad de un acuerdo era nula?