El Gobierno ha intentado esquivar su responsabilidad en las escuchas del CNI al presidente de la Generalitat Pere Aragonès con una excusa insostenible. La de que esas escuchas fueron autorizadas por el Tribunal Supremo antes de que el PSOE llegara al Gobierno, el 1 de junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. 

Ese ha sido el argumento esgrimido por María Jesús Montero para descargar cualquier tipo de responsabilidad sobre el PP de Rajoy. "Esa investigación la autorizó el Supremo antes de que nosotros llegáramos al Gobierno" dijo ayer viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. 

"En la época del Partido Popular se utilizaban con fines partidistas medios del Estado para espiar, para incorporar acusaciones a los que eran adversarios políticos" añadió luego Montero. "Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", afirmaron fuentes del Gobierno citadas por la Agencia EFE. 

Montero ha dicho una media verdad. Porque es cierto que la investigación al independentismo se inició, como es lógico dada la deriva antidemocrática del nacionalismo catalán desde principios de la pasada década, antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Pero también lo es que las escuchas a Aragonès se aprobaron con el PSOE ya en el poder. 

La realidad es que el espionaje, según consta en la documentación desclasificada por el propio Gobierno y entregada al juez que lo investiga, fue solicitado por el CNI en enero de 2020. Es decir, mientras Pedro Sánchez negociaba con ERC una "nueva etapa de diálogo sincero". 

El motivo de las solicitudes fue la sospecha del CNI de que Pere Aragonès podía estar coordinando las acciones de los CDR. Tras la autorización del espionaje por parte del magistrado Pablo Lucas, el móvil del líder de ERC fue infectado con el programa espía de fabricación israelí Pegasus. 

Apenas un mes después, en febrero de 2020, cuando el móvil de Aragonès ya estaba siendo espiado, el PSOE se reunió con los republicanos en la Mesa de Diálogo.

Dicho de otra manera, el Gobierno tenía acceso a las conversaciones de Aragonès y a todo el material archivado en su teléfono móvil. También a sus estrategias de negociación, sus objetivos mínimos y máximos, y a cualquier otro tipo de información privada. 

Es importante recordar que esas escuchas son legales al haber sido autorizadas por un juez. La polémica es, por tanto, estrictamente política, no jurídica, salvo que la investigación del juez pruebe algún tipo de prevaricación o mal uso de esa potestad del Estado. 

El Gobierno se defendió ayer de las acusaciones afirmando que el CNI no informó al Gobierno de que espiaba a Pere Aragonès. Pero la excusa no se sostiene.

Es cierto que el juez que autorizó las escuchas no informó al Gobierno de su decisión. Esencialmente, porque no debía hacerlo bajo ningún concepto. 

Pero el CNI sí es un organismo bajo el control del Ministerio de Defensa. Y su función es, literalmente, "facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones". 

La tesis de que el Gobierno no tenía conocimiento del espionaje a sus socios parlamentarios es, por tanto, absurda.

La alternativa, es decir, la posibilidad de que el CNI le haya ocultado al Ministerio de Defensa y al Gobierno una investigación de este calado, es incluso peor para el presidente. Porque eso querría decir que un organismo esencial para la seguridad del Estado actúa por libre, en contra de los deseos del Gobierno y poniendo en riesgo no sólo la gobernabilidad, sino también la paz social en España. 

Este diario no compra las excusas del Gobierno. El Gobierno debía conocer el espionaje del CNI a sus socios de Gobierno porque esa es su obligación. Y si no lo conocía, el juicio debe ser todavía más severo porque eso querría decir que el Ejecutivo no sabe lo que ocurre en su propio ámbito de actuación y en un organismo bajo su control.