Francia se convirtió este lunes en el primer país del mundo que incluye el derecho al aborto en su Constitución. El aborto era legal en Francia desde 1975, pero su inclusión en la Constitución garantiza ahora que este no dependa de las cambiantes mayorías políticas que puedan surgir de las urnas. 

Aunque se ha acusado a Emmanuel Macron de electoralismo, lo cierto es que el 58% de los franceses apoya la decisión de las dos cámaras del Parlamento nacional. La reforma ha sido votada afirmativamente incluso por Marine Le Pen, lo que demuestra la transversalidad de la iniciativa. 

En Francia se duda sin embargo de que la inclusión del aborto en la Constitución fuera necesaria. La legislación sobre el aborto ha pasado por nueve reformas desde 1975, siempre en el sentido de la ampliación del derecho, y el Consejo Constitucional, con funciones muy similares a las de nuestro Tribunal Constitucional, nunca ha puesto reparos a ellas.

Otros sectores jurídicos recuerdan que el Consejo Constitucional afirmó en 2001 que el derecho al aborto se basa en el concepto de libertad defendido por la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que forma parte de la Constitución francesa, lo que habría hecho innecesaria la reforma.

Es un caso similar al de España, donde el Tribunal Constitucional protegió el derecho al aborto amparándose en el derecho a la integridad física y moral de las mujeres. Es decir, considerándolo como un derecho protegido, aunque sea de forma indirecta, por la Constitución. 

La mayoría parlamentaria francesa ha defendido la necesidad de reforzar la protección del derecho al aborto recordando lo ocurrido en Estados Unidos en 2022, cuando el Tribunal Supremo anuló su condición de derecho federal, es decir aplicable en todo el país, y dejó su regulación en manos de cada uno de los Estados. 

La posibilidad de que algo así ocurra en Francia es nula. Pero la inclusión del aborto en la Constitución con el voto a favor de 780 parlamentarios y el voto en contra de sólo 72 impide de facto cualquier tentación abolicionista que pueda darse en el futuro. 

La reforma no está sin embargo libre de claroscuros. La decisión de convertir el aborto en un derecho constitucional al nivel del derecho a la vida, la libertad de expresión o la integridad física y moral, sin los cuales ni siquiera podría considerarse que estemos en una democracia, implica excluirlo del debate político y dar por finalizada la deliberación acerca de su necesidad o de su regulación.

Cabe preguntarse entonces qué diferencia el derecho al aborto de otros derechos y obligaciones que sí se siguen dejando a merced de las cambiantes mayorías políticas. 

También vacía en parte de contenido el derecho a la libertad religiosa en cuanto la Constitución bloquea ahora la posibilidad de que esas creencias puedan concretarse en políticas públicas. Y eso aunque la mayoría de los ciudadanos las apoyen.

Es cierto que el derecho al aborto es apoyado mayoritariamente por la sociedad francesa, como es apoyado en España por la mayoría de la sociedad española.

Pero negar que el debate existe, que está vivo, que tanto defensores como detractores esgrimen poderosas razones, y que existe una amplia gama de posibilidades regulatorias intermedias entre la prohibición total y su consideración como derecho absoluto y sin restricciones, implica en cierto sentido renunciar a la política como confrontación de las distintas visiones ideológicas de la sociedad en beneficio de un único punto de vista. 

Es inevitable que decisiones como esta pequen en mayor o menor medida de presentismo y que la clase política de un determinado momento histórico se vea tentada de decretar el fin de la historia (y del debate) en los asuntos que considera indiscutibles. Pero no debería ser lo habitual.  

Este diario defiende el derecho al aborto, defiende la libertad de conciencia y defiende la regulación de plazos de la ley española en cuanto considera que esta equilibra razonablemente las dos visiones mayoritarias en la sociedad española acerca del aborto.

Pero duda de que el debate sobre el aborto esté finiquitado, en un sentido o en otro, lo que implicaría negar la existencia de una sociedad plural y con distintas concepciones morales acerca de la vida y la muerte. La decisión francesa es por tanto respetable y cerrará el debate jurídico, pero no cerrará el debate ideológico, que seguirá vivo fuera del escenario político.