La posibilidad de que el ejército israelí lance durante las próximas semanas una operación de castigo en el sur del Líbano contra el grupo terrorista Hezbolá con el objetivo de generar un espacio de seguridad que evite el bombardeo continuo del norte de Israel incrementa exponencialmente el riesgo para los 650 soldados españoles de la misión de pacificación de Naciones Unidas en la zona. 

Desde hace ya varios meses, tanto Hezbolá, una milicia terrorista chií a las órdenes del régimen iraní, como el ejército israelí han dejado de informar con antelación de sus ataques, como solían hacer en el pasado para evitar víctimas colaterales de las fuerzas de pacificación. La paradoja es sangrante: la presencia de esas fuerzas de intermediación no sólo no ha evitado el conflicto, sino que las ha convertido en víctimas potenciales.

La ONU y varios gobiernos internacionales dan por casi segura esa operación. En buena parte, porque los bombardeos continuados de los terroristas chiíes sobre las poblaciones del norte de Israel han provocado el desplazamiento hacia Tel Aviv de los 120.000 habitantes de la zona. Un movimiento masivo de refugiados internos que no puede ser aceptado sin más por el gobierno israelí como política de hechos consumados. 

La misión de pacificación de la ONU ha perdido, pues, su sentido, convertidos ya sus soldados en meros espectadores de primera fila de un conflicto que escala día a día y que les ha forzado a pasar buena parte de su tiempo en búnkeres en vez de cumpliendo su teórica misión, la vigilancia de la Línea Azul, la franja fronteriza entre Líbano e Israel. 

Las recientes declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunciando la clara voluntad israelí de combatir simultáneamente a Hamás y a Hezbolá ("dañaremos a quien nos dañe") suponen una doble amenaza para las tropas españolas en la región.

En primer lugar, porque son una clara advertencia de que Israel actuará con contundencia si considera que su seguridad está siendo amenazada más allá de los límites de lo tolerable. 

Y, en segundo lugar, porque el conflicto diplomático entre el Gobierno español y el israelí no parece que vaya a contribuir a que las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) tengan la seguridad de las tropas españolas entre sus principales preocupaciones si finalmente Benjamin Netanyahu da la orden de invadir el sur del Líbano. 

La exitosa operación de rescate ejecutada por el ejército israelí ayer, y que finalizó con la liberación de cuatro rehenes, reforzará sin duda alguna la voluntad de Netanyahu de ejecutar su plan de máximos, es decir, la liberación de todos los rehenes y la completa aniquilación del grupo terrorista Hamás. A ese doble objetivo podría sumarse ahora un tercero: la eliminación de la amenaza de Hezbolá en el norte del país. 

Y la reforzará independientemente de los esfuerzos diplomáticos para conseguir un alto el fuego y de las víctimas colaterales que puedan provocar las operaciones de las FDI. En este sentido, el plan de paz anunciado por Joe Biden el viernes de la semana pasada ha acabado convertido en uno más de los infructuosos esfuerzos por conseguir un cese de las hostilidades en Gaza tras el rechazo tanto de Israel como de Hamás. 

La presencia de las tropas españolas en el sur del Líbano en una misión de pacificación que se ha demostrado virtual ha perdido por completo su sentido. El Gobierno español debe poner en marcha su repatriación antes de que la región se convierta en zona de guerra.