La dimisión de Wayne Griffiths como presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) por la "inacción" del Gobierno respecto a la industria del automóvil llega apenas 24 horas después de que Ford anunciara el despido de un tercio de su plantilla en la planta de Almussafes. Una decisión que los sindicatos han valorado como "la puntilla al sector del automóvil en la Comunidad Valenciana".

La coincidencia de ambas noticias ha provocado un terremoto de consecuencias hoy impredecibles en un sector clave para la economía española, que tanto en público como en privado se ha mostrado muy crítico con la parálisis del Gobierno a la hora de lanzar ayudas que fomenten la implantación del vehículo eléctrico en España. 

La decisión de Griffiths se considera un ultimátum: o el Gobierno empieza a cooperar de forma seria con los fabricantes o los principales proyectos e inversiones previstas en España para los próximos años podrían cancelarse.

Los orígenes del desencuentro se remontan al verano de 2021, cuando el presidente Sánchez se reunió con el sector del automóvil en Moncloa y se comprometió a trabajar en beneficio de una industria que iba a "impulsar" la economía española.

Los posteriores PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) no llegaron nunca a los niveles deseados por la industria. Pero es verdad que sirvieron para que grandes multinacionales, entre ellas el Grupo Volkswagen, invirtieran decenas de miles de millones de euros en España.

Tres años después de esos PERTE, poco queda de las esperanzas que la industria automovilística depositó en nuestro país. El ERE de Ford en Almussafes es el cuarto del grupo desde 2020. Las ventas de coches se han desplomado un 23% respecto al año pasado. Y la previsión es que los niveles de ventas anteriores a la pandemia no se recuperen, al menos, hasta 2026. Aunque hay quien habla ya de 2027. 

Los PERTE y las ayudas publicitadas por el Gobierno buscaban impulsar el coche eléctrico. Pero se han demostrado inútiles por el momento. En los primeros cinco meses de 2024 el vehículo enchufado ha caído en penetración en el mercado, y sus ventas son pírricas. 

Se aleja la posibilidad de cumplir con la meta de tener 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, tal como establecen los objetivos de Transición Ecológica. Una situación que preocupa a gigantes como Volkswagen, que está construyendo una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) y empieza ahora a dudar de la viabilidad del proyecto.

La industria pide un plan de trabajo serio y a largo plazo. Exigen ayudas a la compra de vehículos industriales y cero emisiones y que el Gobierno renueve los incentivos al coche eléctrico. En definitiva, subvenciones para incentivar a los ciudadanos a modernizar uno de los parques de vehículos más envejecidos de Europa. Pero para ello se necesita también acelerar la inversión en infraestructura de recarga, hoy todavía muy precaria en España.

Las peticiones de la industria automovilística, que en 2023 generó el 7,7% del PIB (un total de 112.565 millones de euros) y que produjo casi dos millones y medio de vehículos, son razonables. Juegan en beneficio tanto del sector como de la economía española.

Pero chocan con la realidad de un Gobierno cuyas energías se destinan de forma prioritaria a alimentar la batalla retórica contra la presunta "máquina del fango", a promocionar a Alvise o a discutir en las redes sociales la correcta interpretación de las mociones antimonárquicas de sus socios, que ellos apoyan votando a favor o facilitándolas con su abstención.

Haría bien el Gobierno en centrarse en lo industrialmente importante y dejar de lado lo propagandísticamente urgente.