La Diputación de León aprobó ayer miércoles una moción a favor de la constitución de León como comunidad autónoma independiente de la de Castilla y León, que debería cambiar por tanto su denominación. La nueva autonomía sería la decimoctava de nuestro país e incluiría también las provincias de Zamora y Salamanca. 

La moción ha contado con los trece votos a favor del PSOE y de Unión del Pueblo Leonés (UPL), y los once votos en contra del PP y de Vox.

La iniciativa solicita a la Junta de Castilla y León que inicie los trámites para la formación de una nueva comunidad autónoma leonesa amparada en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones. 

El fundamento histórico de la reclamación no es, como podría pensarse, el reino de León fundado en 910 y que se extendió hasta 1230, sino la división provincial de la España de 1833, cuando León, Zamora y Salamanca formaban la Región de León. 

Este diario no niega que el sentimiento leonesista existe y que algunos de sus argumentos son razonables. Si existen autonomías uniprovinciales como las de Madrid, Asturias, Navarra o La Rioja, por ejemplo, ¿por qué no podría haber una más, la de León, sin Zamora y Salamanca?

Es verdad, también, que las autonomías actuales son sólo una más de las divisiones regionales que han existido en nuestro país a lo largo de la historia. Esas divisiones no son fijas y han fluctuado con el tiempo en función de las circunstancias históricas. Hoy, León forma parte de Castilla, pero ha habido épocas en las que eso no ha sido así. 

Pero los argumentos en contra son mucho más poderosos. El primero de ellos, el de la irresponsabilidad que supone alentar un debate cuya posibilidad de cuajar en una nueva autonomía es prácticamente nulo, y que por tanto sólo puede cebar una confrontación cantonalista que nos devuelva a los tiempos de la I República 150 años después. 

El segundo, el hecho de que la iniciativa ni siquiera cuente con la aprobación de Zamora y Salamanca, las dos provincias que, de acuerdo con la moción aprobada en la Diputación Provincial, deberían 'marcharse' junto a León a la nueva autonomía leonesa.

El tercero, la existencia en el propio León de un movimiento 'secesionista' respecto a la provincia leonesa, el de la comarca administrativa de El Bierzo. 

El cuarto, el de la evidencia de que la iniciativa, liderada ahora por movimientos y asociaciones ligados a la extrema izquierda leonesa, se plantea como respuesta a la hegemonía del PP en la región.

¿Pedirían entonces los autores de la moción volver a 'integrarse' en la comunidad original de Castilla y León si la izquierda ganara las elecciones en la autonomía castellanoleonesa? ¿Deberían independizarse otras provincias españolas cada vez que gane las elecciones autonómicas un partido diferente al que gobierna en ellas?

Y el quinto, la obviedad de que el único motivo por el que el PSOE ha aprobado la moción de UPL es porque necesita su apoyo en el Ayuntamiento y la Diputación.

EL ESPAÑOL no puede apoyar bajo ningún concepto una iniciativa que eleva un debate minoritario, frívolo y extemporáneo a categoría de asunto de Estado, y que alienta un cantonalismo de nuevo cuño que no puede tener otro resultado que el que este tipo de movimientos han tenido en el pasado. 

Si León se considera maltratado por la Junta de Castilla y León debe luchar políticamente en los foros adecuados por una mejora de su financiación o de sus servicios, pero no espolear un conflicto identitario sobre la base de una supuesta identidad inmemorial amparada en un periodo histórico seleccionado de forma caprichosa. 

El PSOE, un partido de Estado, no debería estimular iniciativas de este tipo. Lo último que necesita España en estos momentos, con ERC y Junts negándose a renunciar al proyecto secesionista, con EH Bildu superando ya al PNV en el País Vasco, y con Galicia, las Islas Baleares y Navarra a la espera y con sus propios movimientos secesionistas, añadir un nuevo conflicto identitario más.