Salvador Illa y Pere Aragonès, en el último pleno del Parlament. EFE
El socialismo catalán y el español cargarán durante años con el precio pagado al independentismo a cambio del poder en Barcelona y en Madrid. Los documentos firmados con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, llenos de falsificaciones históricas y descalificaciones contra nuestra democracia (como asumir que existe lawfare en España), casi tienen categoría de anécdota cuando se comparan con el texto del acuerdo sellado ayer por el PSC con los republicanos para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat.
Desde el principio hasta el final, el texto del acuerdo, que tendrán que ratificar las bases de ERC el próximo viernes, es un ejercicio desvergonzado donde los socialistas defienden lo contrario a lo que han venido sosteniendo en las últimas dos décadas sobre Cataluña y el desafío soberanista. El descaro con que suscriben las manipulaciones del independentismo llevan a preguntarse cuál de las dos formaciones ganó las últimas elecciones.
Porque el PSC fue la primera fuerza y consiguió 42 escaños, nueve más de los que tenía, y ERC se quedó en 20 escaños tras perder trece. Pero el desenlace de las negociaciones da a entender que los socialistas son los débiles, quienes tienen que conformarse con moderar los impulsos más radicales de la opción fuerte de la ecuación. Y ni siquiera se le presume demasiado éxito en el esfuerzo.
Sánchez e Illa suscriben el extremismo catalán cuando se trata de la lengua, la financiación y la narrativa histórica. Quizá crea el presidente del Gobierno que es convincente cuando transmite a los españoles que será positivo detraer los ingresos fiscales de la segunda comunidad más rica de España de la caja común, y que mermar la igualdad y la solidaridad entre españoles es bueno para el conjunto. Parece sacado de una fantasía orwelliana donde la verdad es la mentira, y donde es posible decir lo contrario a lo que es tangible sin que pase factura.
Quizá crean, también, que están tomando la decisión estratégica más adecuada, en sintonía con la voluntad general en Cataluña. Pero los catalanes votaron mayoritariamente al PSC para dar la estocada final al procés, no para reactivarlo.
Cuando Junts negoció con el PSOE el mantenimiento de Sánchez en la Moncloa, el objetivo era concreto: la amnistía para Puigdemont. ERC es mucho más prolijo en este último documento. Los socialistas ponen negro sobre blanco que el comienzo del “conflicto político” en Cataluña nace de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, a pesar de que sólo declaró inconstitucionales 14 de sus 223 artículos. También sostienen que hay que “acabar con la judicialización”, con los términos habitualmente empleados por los golpistas para no responder ante la justicia por los delitos cometidos durante el procés.
El despropósito continúa con el blanqueamiento del referéndum ilegal del 1 de octubre, rebajado a una más de las “concepciones” que se plantearon “sobre la soberanía de Cataluña”, y no como lo que llevó a Sánchez a posicionarse junto al presidente Rajoy para preservar “el Estado de derecho”. Convendría preguntar a Illa e Iceta, ahora cómplices de los separatistas por el ansia de poder, por qué acudieron entonces a la histórica y masiva concentración de Societat Civil Catalana por la defensa de la democracia.
Las promesas de Sánchez a los independentistas se las llevará el viento. El “concierto económico” pactado con ERC para que Cataluña siga en España sin contribuir al desarrollo común del país, pero dispuesta a dejarse condonar la deuda y beneficiarse de las inversiones estatales, es inviable. Ni todos los socialistas están en las tesis claudicantes de Sánchez, como demostraron las duras críticas del manchego García-Page y el aragonés Lambán, ni salen los números en el Congreso sin el apoyo de formaciones como Compromís, abiertamente contraria a esta reforma radical del Estado autonómico, o el propio Junts, atrapado en una espiral competitiva con ERC.
Del texto firmado por los socialistas y los republicanos se deduce todo lo demás. Si hay que llegar a un acuerdo entre el federalismo y el independentismo, no es de extrañar que salga como resultado no un Estado federal, sino un Estado confederado. Esto es, uno donde desaparecen los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre los distintos territorios del país. El triunfalismo de ERC por los compromisos arrancados de Sánchez peca de candidez. Lo que seguro que quedará cuando se destape el engaño es un documento lleno de falsedades, nada progresista, que desacredita al PSC y a sus dirigentes a ojos de todos los españoles, sin excepción de sus votantes catalanes.
