La Justicia española está malacostumbrándose a vivir situaciones inéditas. Los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial, pactados el pasado junio por el Gobierno y el PP, siguen sin llegar a un acuerdo para la elección del presidente del Tribunal Supremo y del propio CGPJ.
Después de dos votaciones infructuosas los pasados 31 de julio y 5 de agosto, continúa el bloqueo, al no haber logrado ninguno de los candidatos propuestos los 12 votos mínimos (tres quintos de los vocales) que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial para ser elegido presidente del TS y el CGPJ.
Si las negociaciones están enquistadas es porque ninguno de los dos sectores del Consejo ha cedido en su posición.
Los vocales propuestos por el PSOE consideran que, tras 10 años de un CGPJ de mayoría conservadora, corresponde que la presidencia recaiga en un candidato progresista y que, además, sea mujer. Por eso han propuesto a la magistrada del Supremo Pilar Teso.
Por su lado, los vocales propuestos por el PP abogan por investir al candidato únicamente en función de los criterios de mérito, capacidad e independencia. Y de ahí que, a su juicio, el mejor perfil (pese a su mayor afinidad con el sector progresista) sea el del presidente en funciones de la Sala Tercera del Alto Tribunal, Pablo Lucas.
Son de hecho los dos candidatos que reunieron más respaldos en la última deliberación, pero siguen empatados a 10 votos.
Tampoco se ha desempatado en la reunión celebrada este lunes, si bien es cierto que ni siquiera se esperaba, pues no estaba incluida en el orden del día ninguna votación.
De hecho, la sesión estaba pensada para dar salida a más de un centenar de asuntos administrativos urgentes que afectan a los miembros de la carrera judicial. Asuntos acumulados, precisamente, por competer a una Comisión Permanente que, ante el atasco de la renovación de la presidencia, no ha podido ser constituida.
Sí ha salido del Pleno, al menos, la fecha para la siguiente votación, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. En pos del correcto funcionamiento ordinario de los órganos judiciales, afectado por la parálisis, no cabe más que esperar que se rompa el bucle en el que el Consejo está sumido y que a la tercera vaya la vencida.
Los plazos son muy apretados, porque el próximo Pleno se reunirá para intentar elegir presidente sólo dos días antes de la apertura del Año Judicial. Y sería algo a lamentar que, una vez más, en el acto solemne junto al Rey tuviera que pronunciar su discurso un presidente interino.
Lo deseable sería que no se reanudasen las votaciones sin que los miembros del Consejo hayan alcanzado antes un consenso sobre un candidato. Y es que no sería de recibo que si los partidos políticos, responsables de la prórroga del mandato del CGPJ, fueron capaces de vencer sus rigideces, no lo hagan ahora los vocales nombrados por ellos.
El nuevo Consejo inauguró su singladura con una buena sintonía entre sus miembros en la sesión constitutiva, que invitó a albergar la esperanza de una nueva etapa en el órgano de gobierno de los jueces tras cinco años de discordia. Por desgracia, puede decirse que, hoy por hoy, la polarización que afecta a nuestra política se ha trasladado también a la Justicia.
