La concesión del tercer grado penitenciario a dos terroristas con delitos de sangre en su haber, a cargo de la socialista consejera vasca de Justicia, es la constatación definitiva de la oprobiosa política de favorecimiento de los presos etarras, asumida a lo largo de los últimos años por el Gobierno a cambio del apoyo de la izquierda abertzale.

Los agraciados con el régimen de semilibertad han sido Luis Mariñelarena, asesino de Fernando Buesa en el año 2000, y Harriet Iragi, sentenciado a 128 años de cárcel por tres asesinatos.

Al igual que sucede con muchos de los presos de la banda a los que se ha concedido el tercer grado, se trata de dos etarras que siguen vinculados a la órbita abertzale y que no han mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Por lo que no concurre el requisito que la ley establece para beneficiarse de este régimen. Iragi, además, cuenta con un "pronóstico de reincidencia medio-alto".

En este caso, además, las asociaciones de víctimas denuncian que la consejera del PSE ni siquiera les aportó el habitual informe de la junta de tratamiento, por lo que no es posible conocer la justificación de la resolución de conceder el tercer grado.

Es evidente que se trata de una decisión política de la socialista María Jesús San José, que ha asumido en el nuevo Gobierno vasco las competencias de Justicia (y con ella la responsabilidad de dar el visto bueno a la progresión en grado de los reclusos, hasta ahora en manos del PNV). San José se pronunció durante su anterior mandato a favor de la transferencia "íntegra" al País Vasco de las competencias estatales en materia de prisiones.

Para tratar de exonerar a la consejera socialista, Fernando Grande-Marlaska ha aseverado este miércoles que estos terceros grados cuentan con "el informe favorable del juez". 

La realidad es que Interior se ha servido de una argucia basada en una interpretación tramposa del proceso de otorgamiento del tercer grado, considerando la mera comunicación a la Fiscalía como una suerte de aval por omisión.

Pero el hecho de que la Fiscalía esté en conocimiento del expediente no equivale a un aval judicial tácito. Interior alega que la Fiscalía no ha recurrido la concesión, pero eso no significa que haya resuelto no hacerlo. Porque el plazo para interponer el recurso sólo se abre una vez se haya materializado la decisión administrativa, y no antes, aunque la Fiscalía esté informada del procedimiento.

Marlaska ha encontrado un vericueto al que aferrarse para disfrazar una decisión cuyo carácter político resulta obvio. De lo contrario, ¿cómo se explica que la consejera haya otorgado el tercer grado menos de una semana después de haber asegurado "que nadie espere de mí un trato especial a los presos de ETA"?

No en vano, Covite ha calificado este rosario de beneficios penitenciarios (saldado con 82 terceros grados desde que el País Vasco controla sus cárceles) de "excarcelaciones encubiertas". Porque funciona mediante un sistema opaco y fraudulento, en el que la autoridad penitenciaria considera justificada la progresión en grado por la mera firma de unas cartas genéricas que les ahorran a los etarras la petición expresa de perdón a las víctimas.

Cuando el encubrimiento se desvela, aflora el "pacto encapuchado entre PSOE y Bildu", como lo ha calificado Feijóo, el único de entre los firmados para investir a Pedro Sánchez que nunca se ha hecho público.

Aunque sus socios de Bildu ya delataron su contenido por boca de Merxe Aizpurua, cuando enfatizó que sin hablar de la cuestión de los presos no se sentarían siquiera a negociar, y por la de Arnaldo Otegi antes, quien aclaró en 2021 que su apoyo a los Presupuestos dependía de arrancarle al Gobierno el compromiso de "sacar" a "200 presos de la cárcel".

Y desde entonces parece haberse cumplido puntualmente este programa, desarrollado en tres fases: el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas a lo largo de la pasada legislatura, la transferencia de las competencias de prisiones al Gobierno vasco en 2021 y la actual concesión de semilibertad para los terroristas.