España necesita inmigrantes. Lo dice el sentido común y lo dijo ayer miércoles el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez habló de un futuro catastrófico para España si se cierra el paso a la inmigración, y se comprometió a regularizar más rápido a los inmigrantes con un nuevo reglamento de extranjería. 

Sánchez no propuso sin embargo ninguna medida concreta para paliar la crisis migratoria en las islas Canarias, aunque sí criticó al PP por su negativa a negociar una nueva ley de extranjería. Según el presidente, España sufre un problema de envejecimiento poblacional que pone en riesgo la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Alberto Núñez Feijóo afeó por su parte a Pedro Sánchez la manipulación de las cifras de inmigración. "En el año 2006, con Zapatero, entraron por Canarias 31.678 inmigrantes. Con el PP, ningún año superó las 1.000 llegadas. A partir de ahí, con Sánchez en el año 2020, 23.000 llegadas; en el 2021, 22.000; y en 2023, 40.000".

Feijóo le pidió también a Sánchez que imite a otros países "de nuestro entorno", en referencia a la Italia de Georgia Meloni, para frenar la inmigración irregular. "Fíjese en lo que da mejor resultado en otros países de la UE y no se vaya de gira por África a promocionar España como destino".

Lo cierto es que en este terreno en concreto, y haciendo abstracción de la necesidad española de inmigrantes, es Feijóo el que está alineado no sólo con la Italia de Meloni, sino con el resto de grandes potencias de la UE.

El pasado mayo, la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que pide reforzar las fronteras europeas y endurecer las condiciones de asilo. La normativa no entrará en vigor hasta 2026, pero son ya varios los países europeos que piden ir más allá, creando centros de deportación en terceros países para los inmigrantes ilegales. 

Que la política de repatriación europea ha fallado lo demuestra un sencillo dato. En 2023 se ordenó en toda Europa la expulsión de 484.160 inmigrantes ilegales, de los cuales sólo fueron repatriados finalmente 91.465, el 18,9% del total.

Catorce Estados de la UE, y entre ellos Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia, han firmado además una carta que pide endurecer la política inmigratoria y una versión más dura de la futura directiva de retorno. Varios de esos países son partidarios de sancionar a aquellos Estados que se nieguen a firmar acuerdos de repatriación con la UE y no acepten las devoluciones de sus ciudadanos.

Que la corriente política ha cambiado en la UE desde los días de Angela Merkel y su política de puertas abiertas a la inmigración es una evidencia. También lo es que la UE necesita inmigración, pero ordenada, regulada y de acuerdo con sus necesidades. Europa no puede convertirse en el Estado del bienestar del resto del planeta. 

Y por eso España no puede convertirse en la excepción ibérica de una política inmigratoria europea común. En primer lugar, porque eso acentuará el efecto llamada en España y hará que hasta nuestro país lleguen muchos más inmigrantes de los que nuestras arcas públicas pueden acoger sin que colapsen los servicios sociales. 

En segundo lugar, porque el cierre de las fronteras y el endurecimiento de la política migratoria en los países de nuestro entorno convertiría a España en un país tapón en el que se acumularían cientos de miles de inmigrantes sin otra posibilidad que quedarse en España, sin mayores perspectivas laborales o personales. 

El de la inmigración es un debate fuertemente intoxicado por los prejuicios ideológicos, pero también por el negacionismo. La inmigración tiene claroscuros y exige un esfuerzo tanto por parte de la sociedad de acogida como del migrante que llega a una sociedad con reglas jurídicas, sociales y morales diferentes a las de su país de origen. 

España se equivocará por tanto si se desmarca de la política común europea en materia inmigratoria y decide aplicar un plan diferente al del resto de potencias de la UE, incentivando en nuestro territorio lo que se desincentiva en los de nuestro entorno.