La disputa entre el Gobierno central y la Generalitat valenciana por la distribución de responsabilidades por la desolación causada por la Dana ha continuado este lunes.

Carlos Mazón ha dado sus motivos respecto a los dos puntos más polémicos de su gestión del desastre: por qué no lanzó con más antelación la alerta por inundaciones y por qué se demoró tanto en solicitar la asistencia del Ejército.

Con respecto al primero, Mazón ha culpado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, de haber "desactivado" tres veces la alerta por desbordamientos el pasado martes.

Con respecto al segundo, el presidente valenciano ha argumentado que, pese a que zonificó la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en sólo dos pueblos, el mando operativo de esta tenía capacidad para solicitar más efectivos y abarcar también la zona cero del desastre.

A lo primero ha replicado el Ministerio para la Transición Ecológica que no es su función emitir las alertas públicas en materia hidrológica, sino que estas "corresponden a los servicios de emergencias coordinados por las comunidades autónomas".

A lo segundo, la UME ha explicado que sus militares no podían entrar en la zona de emergencia sin la autorización del Gobierno autonómico.

Es probable que lo que pudiera haber de cierto en los argumentos de Mazón esté sujeto a debate a la luz de lo dispuesto por la legislación. Pero de lo que no cabe duda es que el sistema de emergencias español responde a un modelo endiablado y tortuoso que, a la vista esta, no ha funcionado.

Porque el sentido de la previsión reglamentaria es precisamente el de que la acción pública no esté al albur de fallos humanos como los que presuntamente habría cometido la administración dirigida por Mazón.

En cambio, se ha demostrado, sin lugar a dudas, que el mecanismo de alertas está mal pensado. Una disfuncionalidad que se hace evidente al compararlo con el sistema estadounidense.

En Estados Unidos, las emergencias están a cargo de un órgano único de competencia nacional, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

Pero en España, estas se encuentran atomizadas y compartimentadas entre el ámbito nacional y el autonómico. Incluso están escindidos el organismo que vigila la evolución de la pluviometría (la Aemet) y el que monitoriza los caudales fluviales provocados por esta (las Confederaciones Hidrográficas, en este caso la del Júcar).

Además, a diferencia del Centro Nacional de Huracanes americano, dependiente del Servicio Nacional Meteorológico, la Aemet sólo puede activar avisos con base en fenómenos observados, mientras que su equivalente estadounidense lo hace en base en previsiones. Una diferencia que permite un mayor margen de reacción a los políticos.

El Centro Nacional de Huracanes, además, está autorizado para emitir por sí mismo alertas de emergencia. Una facultad de la que carece la Aemet, que se limita a publicar la información, dejando a los líderes políticos el trabajo de evaluar la peligrosidad de los avisos, asignar el nivel de riesgo de estos y determinar las medidas de emergencia.

El desajuste derivado de esta separación entre la instancia de previsión y la de prevención es lo que explica que el aviso rojo de la Aemet activado a las 7:30 h. del pasado martes no se tradujera en el lanzamiento de una alerta de emergencia por los servicios de protección civil hasta las 19:17 h.

Pero al margen del flagrante déficit de agilidad y eficacia que acusa el sistema, lo que no se explica es la escalada de reproches del Gobierno a la gestión de Mazón.

Porque si, como sostiene Margarita Robles, la emergencia "no está lo mejor coordinada posible", ¿por qué el Ejecutivo central sigue sin tomar el mando?

Moncloa puede tener razón cuando sostiene que el presidente valenciano falló en la evaluación del riesgo y que en ningún momento solicitó la declaración de Emergencia Nacional, lo que habría puesto las operaciones de rescate, ayuda y reconstrucción en manos del Gobierno central.

 

Pero aun concediendo que Mazón no actuó con diligencia al no pedir el propio martes por la noche o el miércoles por la mañana la declaración de Emergencia Nacional prevista en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿por qué no lo hizo el Gobierno?

Esta ley faculta igualmente al Ministerio del Interior para decretarla "por iniciativa propia". Y lo cierto es que desde el minuto uno se daban todas las condiciones para que la catástrofe de Valencia fuera declarada emergencia nacional.

El Gobierno se escuda en que no quería soliviantar a la Autonomía valenciana y provocar un choque institucional derivado de su asunción del mando. Defiende el Gobierno que su papel no es liderar la respuesta, sino "ayudar" a la Comunidad Valenciana.

Pero Sánchez reconoció el sábado que "la respuesta que se está dando no es suficiente". ¿Qué sentido tiene entonces esperar a que la Generalitat eleve la emergencia del nivel 2 (el vigente hoy, que permite pedir ayuda al Estado, pero manteniendo el mando) al 3, en lugar de hacerlo el propio Gobierno?

Desde que, según la Moncloa, Mazón declinó el martes su oferta de ayuda militar y material, el Gobierno ha estado deslizando que el presidente valenciano fue "sobrepasado por los acontecimientos" y que lleva "arrastrando los pies" desde entonces.

¿Cabe entonces suponer que el Gobierno está abandonando a los valencianos a su suerte en manos de un presunto "incompetente" en cuya capacidad de respuesta nunca ha confiado?